El presidente Javier Milei reavivó el debate sobre la reforma laboral en Argentina durante una visita a la planta industrial Sidersa, en San Nicolás, donde anunció inversiones por 55.000 millones de dólares y defendió su "Plan Argentina grande otra vez". En su discurso, Milei subrayó la necesidad de una reforma laboral que otorgue previsibilidad a las empresas e incentive la contratación formal, argumentando que la actual legislación es un obstáculo para el crecimiento y la generación de empleo genuino.

El mandatario sostuvo que la reforma está orientada a terminar con la "industria del juicio" y a modernizar los convenios colectivos de trabajo, permitiendo que los marcos contractuales se adapten a la realidad productiva y laboral actual. "Necesitamos un marco jurídico laboral claro, simple y predecible. Un marco que deje de ser un obstáculo para la contratación y pase a ser una herramienta para el crecimiento, el desarrollo y la prosperidad", afirmó Milei.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la mayoría de las cámaras empresariales, que consideran la reforma como un paso necesario para dinamizar la economía y atraer inversiones. Sin embargo, la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros gremios han manifestado un fuerte rechazo, calificando el proyecto como una "quita de derechos" y advirtiendo que reformas similares en el pasado no generaron empleo y aumentaron la informalidad. "No creemos que el Gobierno aporte nada que le sume ni que le sea beneficioso a los trabajadores. Ya han demostrado que las modificaciones en materia laboral que han hecho fueron totalmente regresivas", expresó Cristian Jerónimo, dirigente sindical.

El debate se intensificó en el marco del Coloquio de IDEA, donde el panel principal careció de representación sindical, lo que generó malestar en la CGT. Por su parte, sectores de izquierda y abogados laboralistas denunciaron que la reforma profundizará la precarización y la pérdida de derechos laborales, y llamaron a la movilización para enfrentar el proyecto.

El Gobierno planea enviar la reforma al Congreso tras las elecciones, con la expectativa de lograr el apoyo de legisladores dialoguistas en una nueva composición parlamentaria. El tema se perfila como uno de los ejes centrales de la segunda parte del mandato de Milei, en un contexto de crisis económica, alta informalidad y desempleo. Mientras tanto, el oficialismo busca capitalizar el respaldo empresarial y captar votos en la provincia de Buenos Aires, especialmente en distritos clave como San Nicolás.