El Senado argentino no logró avanzar en el tratamiento del proyecto que buscaba excluir a Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA) de la lista de empresas sujetas a privatización, debido a la falta de quórum en el plenario de comisiones. La ausencia de senadores clave, tanto aliados como oficialistas, dejó sin dictamen la iniciativa impulsada por la oposición, que pretendía blindar a la operadora de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

El gobierno de Javier Milei, a través del decreto 695/2025, impulsa la venta del 44% de las acciones de NA-SA, manteniendo el 51% bajo control estatal y destinando un 5% a los trabajadores. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia para atraer inversiones extranjeras y obtener financiamiento, en un contexto de presión fiscal y necesidad de dólares para la economía argentina.

La privatización de NA-SA ha generado una fuerte reacción de los trabajadores del sector nuclear, quienes se movilizaron en la ciudad de Zárate para protestar contra lo que consideran un vaciamiento del sector y la pérdida de décadas de inversión pública. Sindicatos como Luz y Fuerza, ATE y UOM participaron en la protesta, denunciando bajos salarios y retiros voluntarios forzados.

En el plano político, la oposición liderada por José Mayans intentó reunir los dos tercios necesarios en el Senado para declarar a NA-SA como empresa estratégica e inenajenable, pero no logró el apoyo suficiente. La falta de respaldo se atribuye, en parte, a negociaciones entre el gobierno nacional y gobernadores provinciales, así como a la influencia de actores internacionales interesados en el sector energético argentino.

Actualmente, NA-SA representa cerca del 8% de la generación eléctrica nacional y es vista como un activo estratégico. El contrato con China para la construcción de una nueva central nuclear permanece demorado, mientras que la reestructuración interna de la empresa ha reducido su plantilla y modificado áreas administrativas.

El debate sobre la privatización de NA-SA refleja tensiones entre la necesidad de inversiones, la soberanía energética y la presión de actores internacionales. El futuro de la empresa y del sector nuclear argentino dependerá de las próximas decisiones legislativas y de la capacidad del gobierno para conciliar intereses internos y externos.