El triple crimen de Florencio Varela ha sacudido a la opinión pública argentina por la brutalidad de los hechos y la compleja trama de narcotráfico y violencia de género que lo rodea. Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, de entre 15 y 20 años, desaparecieron el 19 de septiembre tras abordar una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada, engañadas con la promesa de asistir a una fiesta. Horas después, sus cuerpos fueron hallados enterrados en una vivienda de Florencio Varela, con signos de tortura, según confirmaron las autopsias.

La investigación avanzó rápidamente y ya son nueve los detenidos, entre ellos Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", señalado como el autor intelectual del crimen, y su presunto ladero Matías Ozorio, ambos capturados en Perú. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que se buscará la máxima pena para todos los involucrados y solicitó la aplicación de la Ley Antimafias. "Desde el día del asesinato hasta que se emiten las órdenes pasaron cinco días, el alerta roja vino varios días después", reconoció Bullrich, quien también destacó la cooperación internacional para las detenciones.

El caso ha revelado la utilización de aplicaciones cifradas para la coordinación y posible transmisión en vivo del crimen, lo que abre un debate sobre la regulación de estas tecnologías. Además, se investiga si el móvil fue un ajuste de cuentas por una deuda o el robo de drogas y dinero a la banda narco.

Familiares de las víctimas y sus abogados valoraron la celeridad de la justicia, aunque no descartan que existan más responsables. "La investigación está bien encaminada, pero no descartamos más responsables en otros niveles", afirmó el abogado Fernando Burlando. Por su parte, organizaciones sociales y docentes denunciaron que las alertas sobre el avance narco en los barrios vulnerables fueron desoídas por las autoridades, y que la precarización social y el cierre de comedores han dejado a los jóvenes más expuestos a la violencia criminal.

El triple femicidio reabre el debate sobre la responsabilidad estatal y la necesidad de políticas integrales que aborden tanto la seguridad como la inclusión social. El caso, que ha sido calificado como "narcofemicidio" por especialistas y referentes feministas, pone en evidencia la convergencia de violencia de género y crimen organizado en el conurbano bonaerense, y la urgencia de respuestas estructurales para frenar esta escalada.