La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la clausura preventiva de Laboratorios BETA y ordenó el retiro inmediato de diez lotes del medicamento Exotran, utilizado en el tratamiento de enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La medida, publicada en el Boletín Oficial, responde a la detección de graves deficiencias en los sistemas de control de calidad, trazabilidad de materias primas y ensayos de producto, tanto en el principio activo como en el producto terminado.

La investigación se inició tras denuncias por falta de efectividad y anomalías en el aspecto de los comprimidos de Exotran, cuyo principio activo, la mesalazina, es importado de un proveedor chino sin certificaciones internacionales de calidad. El Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) constató la ausencia de documentación clave, ensayos incompletos y deficiencias en la gestión de calidad, lo que llevó a la suspensión preventiva de todas las actividades productivas de la empresa y la prohibición de uso, comercialización y distribución de los lotes afectados, con vencimientos entre 2024 y 2027.

Fuentes de Laboratorios BETA calificaron la decisión de "unilateral e inesperada", asegurando haber presentado toda la documentación requerida y defendiendo su trayectoria en el mercado farmacéutico argentino. Sin embargo, la autoridad sanitaria concluyó que el laboratorio no garantizaba los estándares necesarios para asegurar la seguridad, eficacia y calidad de los productos farmacéuticos, en infracción a las normas de Buenas Prácticas de Fabricación y Control.

Este caso se suma a la clausura de otros cinco laboratorios en el último mes, en el marco de un refuerzo de controles tras el escándalo por fentanilo contaminado que derivó en cambios en la dirección del INAME. La situación pone en evidencia las debilidades en la fiscalización de medicamentos en el país y genera preocupación entre pacientes y profesionales de la salud por el acceso a tratamientos alternativos. Las autoridades sanitarias subrayan la importancia de garantizar la calidad de los medicamentos para proteger la salud pública, mientras que la empresa afectada insiste en su cumplimiento regulatorio y cuestiona la medida adoptada.