En Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, la crisis energética amenaza con dejar sin luz a miles de familias en 33 barrios populares. La Cooperativa Integral, responsable de distribuir la electricidad en la localidad, enfrenta una deuda de $6.000 millones con la Empresa Provincial de la Energía (EPE), situación que ha puesto en riesgo la continuidad del servicio.

Según datos oficiales, el 42% de la energía adquirida por la cooperativa es hurtada en sectores vulnerables, donde más de 8.000 familias no tienen acceso formal a la red eléctrica y se encuentran "enganchadas" de manera clandestina. La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, reconoció la gravedad del problema y señaló que "el corte del suministro de un servicio público esencial debe manejarse con parámetros de planificación y análisis integral de la masa de usuarios". Rodríguez también instó a la cooperativa a "esforzarse más" en la administración y transparencia de sus procedimientos internos.

El intendente Alberto Ricci, por su parte, pidió una solución "con sensibilidad" y rechazó la posibilidad de que la cooperativa entregue el servicio a la EPE. "Tenemos que hacer que esa gente que no tiene el servicio normalizado, lo tenga, tenga un medidor y empiece a pagar la energía porque si no, va a ser peor porque la deuda va a ser cada vez más grande", afirmó Ricci, quien propuso avanzar con obras de infraestructura y la aplicación de tarifas sociales para evitar discriminaciones.

La Cooperativa Integral notificó al Ministerio de Desarrollo Productivo sobre la posibilidad de cortes programados, mientras que el gobierno provincial descartó condonar la deuda y apuntó a una "escasa voluntad de cobro" por parte de la entidad. En paralelo, la EPE detectó casi 20.000 conexiones irregulares en lo que va del año y recuperó energía por $2.900 millones mediante inspecciones apoyadas en inteligencia artificial.

El conflicto, que preocupa por su impacto social en la previa del verano, no tiene una resolución inmediata. Las autoridades locales y provinciales coinciden en la necesidad de diálogo y de un programa serio de inversiones a largo plazo, aunque advierten que la regularización de los usuarios podría llevar varios años. Mientras tanto, los vecinos temen que los cortes de luz deriven en protestas y mayor conflictividad social.