La industria textil argentina atraviesa una profunda crisis, intensificada por la irrupción de plataformas chinas de ultra fast fashion como Shein y Temu. Desde la flexibilización de las importaciones en diciembre de 2024, miles de consumidores argentinos acceden a productos extranjeros a precios considerablemente más bajos que los nacionales, lo que ha generado un fuerte impacto en el sector local.

Según datos de la Fundación ProTejer, entre enero y julio de 2025 las importaciones textiles aumentaron un 97% en volumen respecto al año anterior, con la indumentaria creciendo un 123%. Esta situación llevó a la Cámara Argentina de la Indumentaria, junto a sus pares de Brasil y México, a impulsar un proyecto de "Ley anti Shein". Inspirada en la reciente normativa francesa, la iniciativa busca establecer controles ambientales, certificados de origen y ajustes arancelarios e impositivos para las prendas importadas, además de prohibir la publicidad de estas plataformas.

El debate político se intensificó en las últimas semanas. Mientras que el Gobierno nacional, a través de figuras como José Luis Espert y el vocero Manuel Adorni, expresó su rechazo y defendió la desregulación como beneficio para los consumidores, legisladores opositores como Miguel Ángel Pichetto manifestaron su apoyo al proyecto, advirtiendo sobre el impacto negativo en el empleo y la producción nacional. “El festival de desregulaciones no es gratis. El efecto de las importaciones chinas y de las plataformas como Shein es letal para la industria nacional”, sostuvo Pichetto.

Empresarios textiles denuncian competencia desleal, argumentando que los productos importados llegan a precios que no cubren los costos locales y que la falta de controles ambientales y laborales profundiza la desigualdad. Juan Cruz, dueño de una empresa rosarina, señaló: “El problema no es competir, sino que las reglas no son iguales para todos. Pagamos impuestos, carga social, alquileres. Es muy difícil competir con lo importado”.

El proyecto de ley también contempla la verificación de la calidad y toxicidad de los productos, tras reportes internacionales sobre la presencia de sustancias peligrosas en prendas infantiles. Además, se busca coordinar acciones con otros países de la región y la Unión Europea, que ya avanzan en regulaciones similares.

En este contexto, el sector textil argentino enfrenta una caída promedio del 28% en ventas en los últimos dos años y un recorte de personal en el 80% de las pymes. El debate sobre la "Ley anti Shein" refleja la tensión entre la apertura comercial y la protección de la industria nacional, con implicaciones para el empleo, el ambiente y el acceso de los consumidores a productos asequibles. El Congreso será el escenario clave para definir el futuro de esta iniciativa, que podría marcar un cambio en la política comercial argentina.