El juez federal Sebastián Casanello ordenó este martes una serie de allanamientos y medidas de prueba en el marco de la investigación por la presunta filtración de información confidencial vinculada a un reporte de operación sospechosa (ROS) sobre la empresa ZEFICO S.A. La causa, que involucra a personal del BBVA Banco Francés y a la Unidad de Información Financiera (UIF), se disparó tras la publicación de una nota en el diario La Nación que reveló detalles reservados del ROS N° 626808089, fechado el 30 de julio de 2025.

La denuncia fue presentada por la propia UIF, que detectó que la nota periodística contenía información precisa sobre el reporte, incluyendo nombres, montos de transferencias y detalles internos de la operatoria. El fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación, consideró que existían elementos suficientes para sospechar que personal del BBVA o de la UIF pudo haber divulgado la información protegida por la Ley 25.246 de prevención de lavado de activos.

En respuesta, Casanello autorizó órdenes de presentación simultáneas en las sucursales 133 y 325 del BBVA en Pilar y en la Casa Central de la entidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los responsables de cada sede deberán entregar documentación clave, como la copia íntegra del ROS, antecedentes internos, nómina de personas que intervinieron en la confección del reporte y normativa interna sobre el resguardo del secreto.

El juez dispuso que, en caso de no obtener la colaboración inmediata del banco, la policía podrá allanar las oficinas con uso de la fuerza pública si fuera necesario. La resolución enfatiza la obligación de las autoridades bancarias de colaborar y remitir toda la documentación a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5.

El expediente revela que las transferencias bajo sospecha se originaron en Pilar, lo que motivó la intervención del Juzgado Federal de Primera Instancia de esa localidad. La causa, que aún no tiene imputados individualizados, se encuentra en una etapa inicial orientada a reconstruir la cadena de acceso y custodia de la información confidencial, con el objetivo de determinar si existió una filtración dolosa desde el banco o la UIF.

El avance de la investigación marca un hecho de alto impacto institucional, poniendo en el centro del debate judicial la integridad de los sistemas de prevención de lavado de activos y el resguardo del secreto financiero. Se espera que las próximas semanas sean clave para identificar a los responsables y definir eventuales imputaciones.