El brutal doble femicidio ocurrido en Córdoba el pasado sábado ha sacudido a la sociedad argentina y reavivado el debate sobre la protección estatal frente a la violencia de género. Luna Giardina, de 24 años, y su madre Mariel Zamudio, de 54, fueron asesinadas en su vivienda del barrio Villa Serrana. El principal sospechoso, Pablo Laurta, expareja de Luna y padre de su hijo, fue detenido en Gualeguaychú, Entre Ríos, tras huir con el menor de cinco años.

La investigación reveló que Laurta tenía antecedentes de violencia, incluyendo denuncias por abuso físico, psicológico y sexual, así como violaciones de restricción perimetral. "No puedo creer que yo di a luz a un asesino. No lo puedo creer, no es la persona a la que yo crié", declaró entre lágrimas Estrella Varela, madre del acusado, quien había solicitado a las autoridades que no lo liberaran y que recibiera ayuda psiquiátrica. Sin embargo, los pedidos no fueron atendidos y Laurta continuó acosando a Luna, quien había huido de Uruguay tras sufrir reiterados abusos.

El operativo policial que permitió la detención de Laurta incluyó la activación de la Alerta Sofía y la colaboración de Interpol. El niño fue hallado sano en un hotel de Gualeguaychú, mientras que la búsqueda del chofer que facilitó la huida sigue en curso. El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, destacó el trabajo conjunto entre provincias y lamentó el impacto del caso.

Organizaciones feministas, como Ni Una Menos Córdoba, convocaron a movilizaciones y denunciaron la cadena de desprotección estatal. "Luna denunció, pidió ayuda, sufrió acusaciones de ‘falsas denuncias’ y el odio misógino no sólo del femicida, sino también del antifeminismo organizado", expresaron en un comunicado. El acusado era conocido por su militancia antifeminista y la difusión de discursos de odio en redes sociales.

El caso ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer las políticas públicas de protección y prevención de la violencia de género, así como de garantizar respuestas efectivas ante las denuncias. La sociedad exige justicia y medidas concretas para evitar que tragedias como esta se repitan.