Este martes 14 de octubre, docentes de todo el país llevan adelante un paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y respaldado por otros gremios, en reclamo de mejoras salariales, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y aumento del presupuesto educativo. La medida afecta principalmente a escuelas públicas de nivel inicial, primario, secundario y terciario, aunque también incluye a instituciones privadas y universidades, con adhesión dispar según la provincia y el sindicato.

La movilización central se realiza frente al Congreso Nacional desde las 10 de la mañana, con la participación de docentes de distintas provincias y gremios universitarios como CONADU. El Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, también se suma al paro, mientras que la Unión Docentes Argentinos (UDA) mantiene negociaciones con el Gobierno nacional y no adhiere a la medida, aunque comparte los reclamos.

En distritos como la ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, los gobiernos provinciales han anunciado que descontarán el día a los docentes que adhieran al paro, manteniendo las escuelas abiertas para quienes decidan trabajar. En Mendoza y Córdoba, la adhesión es menor y la mayoría de los establecimientos dictan clases con normalidad. El reclamo docente incluye la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la defensa de los derechos previsionales y jubilaciones, y la restitución de fondos para infraestructura escolar.

El paro se produce en un contexto de ajuste presupuestario y recortes en educación por parte del gobierno nacional, que eliminó el Fonid como parte de medidas de responsabilidad fiscal. La situación salarial de los docentes es crítica, con sueldos por debajo de la línea de pobreza y retrasos en aumentos jubilatorios. Los gremios denuncian extorsión por parte de los gobiernos provinciales y nacionales, mientras que el Ejecutivo sostiene que la medida tiene motivaciones políticas y afecta especialmente a los sectores vulnerables.

Dirigentes sindicales afirman que "la lucha es una sola" y llaman a la solidaridad entre trabajadores de todos los niveles educativos. Los universitarios reclaman la aplicación de la ley de financiamiento aprobada y vetada por el Ejecutivo, y advierten sobre el desfasaje salarial desde el inicio de la actual gestión. El debate sobre el financiamiento educativo y la calidad de la educación pública continúa abierto, en medio de tensiones entre gremios y autoridades.