La provincia de Santa Fe dio un paso histórico al aprobar la autonomía municipal para ciudades como Rosario y Santa Fe, tras la reforma de su Constitución. La medida, celebrada por intendentes y especialistas, permitirá a los municipios dictar sus propias cartas orgánicas, gestionar recursos y definir reglas locales, marcando un cambio sustancial en la administración pública y la vida ciudadana.

La Convención Reformadora aprobó, con amplia mayoría, la modificación de artículos clave de la Carta Magna provincial. A partir de ahora, los municipios con más de 10.000 habitantes podrán establecer sus propias normativas institucionales, políticas, administrativas y económicas. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, destacó que "con autonomía cambia todo. Principalmente, se termina la burocracia" y subrayó la importancia de poder tomar decisiones sin depender de la provincia, especialmente en áreas como transporte, arbolado y ordenamiento territorial.

En la misma línea, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, calificó el avance como "un momento histórico" y remarcó la necesidad de que la autonomía se traduzca en acciones concretas y en la obtención de recursos para los nuevos desafíos. La reforma también introduce cambios en la duración de los mandatos: intendentes y concejales tendrán períodos de cuatro años, con una sola reelección consecutiva, buscando incentivar la alternancia y evitar la concentración de poder.

El proceso de implementación será gradual. Se prevé que la convocatoria a convenciones locales para redactar las nuevas cartas orgánicas se realice en 2027, coincidiendo con las elecciones locales. Córdoba, pionera en autonomía municipal, sirvió de modelo para este proceso, que busca adaptar la gestión pública a las realidades y necesidades de cada ciudad.

Especialistas y autoridades coinciden en que la autonomía representa una oportunidad para fortalecer la democracia local, innovar en políticas públicas y ampliar la participación ciudadana. Sin embargo, advierten que la efectividad de la medida dependerá de la asignación de recursos y de la capacidad de los municipios para asumir nuevas competencias. El debate sobre la coparticipación y la distribución de fondos será clave en la etapa de implementación, mientras la provincia se prepara para un nuevo escenario institucional.