Brutal ataque de una patota de la UOCRA a un contratista en Puerto Deseado: pelea por su vida en terapia intensiva y no hay detenidos
🔴 Brutal ataque a contratista en Puerto Deseado: Fabio Cattani sigue en coma tras ser golpeado por una patota de la UOCRA. La policía no intervino y la justicia aún no actúa. Familiares exigen respuestas y detenciones. #SantaCruz #Seguridad #Justicia



Fabio Dante Cattani, contratista de 56 años, permanece en coma tras ser víctima de una brutal golpiza perpetrada por una patota de entre 30 y 40 personas vinculadas a la UOCRA en Puerto Deseado, Santa Cruz. El ataque ocurrió el 11 de agosto en una obra del Sindicato de Judiciales, donde Cattani trabajaba, y fue presenciado por personal policial que no intervino para frenar la violencia.
Según testigos y denuncias judiciales, Franco Moreyra, secretario gremial de la UOCRA, habría dado la orden de atacar a Cattani, expresando: “A Cattani hay que matarlo”. Los agresores, identificados como Moreyra, Fabián Hernández, Carlos Tapia y Oscar Aranda, descendieron de varios vehículos y comenzaron a golpear a la víctima con puñetazos y patadas, incluso cuando ya se encontraba en el suelo. La policía, superada en número, solo trasladó a Cattani al hospital una vez finalizado el ataque.
El parte médico indica que Cattani sufrió fracturas en ocho costillas, extirpación de bazo, lesión testicular grave, fallo respiratorio y politraumatismo torácico severo, lo que requirió asistencia mecánica para respirar y una cirugía de urgencia. Actualmente, se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Zonal de Caleta Olivia, con pronóstico reservado.
La investigación judicial está paralizada. En Puerto Deseado no hay juez penal permanente, y la jueza subrogante, Jésica Hernández, se excusó de intervenir por vínculos familiares con uno de los agresores. Los familiares de Cattani denuncian que, a pesar de que los responsables están identificados, no hay detenidos ni avances en la causa. El diputado local y agrupaciones sociales han exigido públicamente que la justicia actúe con celeridad y proteja a los ciudadanos.
Por su parte, Moreyra negó cualquier responsabilidad en la agresión y atribuyó el conflicto a disputas laborales de larga data. El caso ha generado conmoción en la comunidad y expone graves falencias en la respuesta policial y judicial ante hechos de violencia extrema. La familia de Cattani, que ya sufrió una tragedia previa, reclama justicia y medidas urgentes para esclarecer el hecho y sancionar a los responsables.
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