El Gobierno nacional confirmó que el próximo 8 de octubre se abrirán los sobres con las ofertas para la concesión de 741 kilómetros de rutas nacionales, en el marco de la primera etapa de la Red Federal de Concesiones, conocida como la Ruta del Mercosur. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía, representa el puntapié inicial para la privatización de más de 9.000 kilómetros de la red vial argentina, con el objetivo de modernizar la infraestructura y mejorar la eficiencia en la gestión de los corredores.

El tramo a concesionar abarca los corredores Oriental y Conexión, que incluyen rutas nacionales clave como la 12, 14, 135, A-015, 117 y 174, atravesando provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Según lo anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el sector privado será responsable de la inversión, construcción, mantenimiento y administración de las rutas, financiando las obras a través del cobro de peajes, sin aportes estatales directos.

La apertura de sobres, originalmente prevista para el 8 de septiembre, fue postergada un mes a pedido de los oferentes. El proceso se realiza bajo un marco normativo que busca garantizar la transparencia y la competencia entre empresas nacionales e internacionales, utilizando la plataforma digital Contrat.ar para centralizar las convocatorias.

El modelo de concesión estipula que las empresas adjudicatarias deberán llevar las rutas a condiciones óptimas de transitabilidad antes de poder actualizar las tarifas de peaje, que se ajustarán automáticamente según una fórmula preestablecida. En el caso del tramo Oriental, la infraestructura presenta un notable deterioro, con peajes levantados desde abril y un tránsito que se ha duplicado en los últimos 20 años.

En paralelo, la privatización de Corredores Viales SA, la empresa estatal que administra más de 6.000 kilómetros de rutas, ha generado preocupación en regiones como Misiones, donde alrededor de 110 empleos están en riesgo. El sindicato SUTPA advirtió sobre la falta de garantías para la continuidad laboral y la reducción de recursos destinados a la seguridad vial.

El Gobierno sostiene que la medida permitirá una gestión más eficiente y mejores servicios para los usuarios, mientras que sectores sindicales y autoridades locales alertan sobre el impacto social y la necesidad de priorizar la seguridad y el empleo. La Ruta del Mercosur, por su ubicación estratégica, es clave para el comercio regional y la conectividad con Brasil y Uruguay, lo que otorga a este proceso de concesión una relevancia particular en el contexto de la infraestructura nacional.