La reciente ola de vetos presidenciales firmados por Javier Milei a leyes de alto impacto social y fiscal, como la de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), financiamiento universitario y emergencia pediátrica, ha generado una fuerte reacción política e institucional en Argentina. El rechazo a estas medidas se tradujo en protestas, paros y una inédita articulación de gobernadores provinciales que buscan mayor autonomía y recursos.

El viernes, en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Jujuy se reunieron para lanzar el espacio "Provincias Unidas". Martín Llaryora, gobernador cordobés, expresó: "Queremos una macroeconomía ordenada y con la gente adentro", en un mensaje conjunto que resume el reclamo de federalismo y sensibilidad social. Gustavo Valdés (Corrientes) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) también enfatizaron la necesidad de equilibrio fiscal, pero sin excluir a los sectores más vulnerables.

La tensión entre Nación y provincias se intensificó tras la publicación del decreto que oficializó el veto a la ley de reparto de los ATN, justificado por el Gobierno en la restricción presupuestaria. Esta decisión, sumada a los vetos previos, motivó cacerolazos en barrios porteños y paros de 24 horas en el Hospital Garrahan y universidades nacionales, en defensa de la salud y la educación pública.

En el plano institucional, el Congreso marcó un hito al rechazar por primera vez en más de dos décadas un veto presidencial, lo que fue interpretado como un fortalecimiento de la división de poderes y un límite al hiperpresidencialismo. Analistas señalan que el uso sistemático del veto por parte de Milei, inspirado en modelos como el de Nayib Bukele en El Salvador, enfrenta ahora el contrapeso de una oposición articulada y de gobernadores que buscan reposicionarse como defensores de la República.

El surgimiento de "Provincias Unidas" y la revitalización del Congreso abren un nuevo escenario político, donde el federalismo y la búsqueda de consensos se presentan como alternativas frente a la polarización. El futuro inmediato dependerá de la capacidad de diálogo entre el Ejecutivo y los actores provinciales, en un contexto de demandas sociales crecientes y desafíos económicos persistentes.