El gobierno argentino ratificó que la suspensión de las retenciones a las exportaciones de granos y carnes se mantendrá hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar los US$7.000 millones en ventas, según lo dispuesto en el decreto 682/2025. La medida, anunciada como extraordinaria y de duración limitada, generó un fuerte impacto en el mercado, con un incremento significativo en las operaciones de futuros y ventas de granos, alcanzando más de US$4.100 millones en exportaciones registradas en pocos días.

Sin embargo, la reciente declaración del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, introdujo incertidumbre en el sector. Bessent afirmó en redes sociales que el gobierno estadounidense está trabajando con la administración de Javier Milei para "poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas". Además, anunció la negociación de un swap por US$20.000 millones con el Banco Central argentino y la posibilidad de recompra de bonos en dólares, como parte de un paquete de apoyo financiero.

Fuentes oficiales argentinas aclararon que la eliminación de las retenciones es una medida temporal y que no habrá prórroga más allá del plazo o el tope financiero establecido. "No cambia nada", aseguraron desde el gobierno, enfatizando que la decisión responde a la necesidad de sumar divisas y estabilizar el mercado cambiario en un contexto de alta volatilidad y presión sobre las reservas.

El sector agropecuario, aunque celebra la baja de retenciones, reclama que la medida sea permanente. Sin embargo, la presión de Estados Unidos y organismos internacionales como el FMI apunta a garantizar la recaudación fiscal argentina, dado que las retenciones representan una de las principales fuentes de ingresos del Estado. Antecedentes recientes, como la reintroducción de retenciones durante el gobierno de Mauricio Macri bajo presión del FMI, refuerzan la percepción de que la suspensión actual será revertida tras el plazo estipulado.

El desenlace de la medida dependerá del contexto político y económico posterior a las elecciones, así como de las negociaciones en curso con Estados Unidos y otros acreedores internacionales. Por ahora, el gobierno mantiene su compromiso de no extender la exención, mientras el mercado y el sector agropecuario permanecen atentos a los próximos pasos.