El triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez ha sacudido a la provincia de Buenos Aires y puesto en evidencia la brutalidad del narcotráfico en el conurbano. Las tres jóvenes, de entre 15 y 20 años, desaparecieron el viernes pasado en La Matanza tras ser vistas subiendo a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada. Sus cuerpos fueron hallados descuartizados en una vivienda de Florencio Varela, donde las autopsias revelaron torturas y mutilaciones con un sello mafioso.

La investigación, liderada por el fiscal Gastón Duplaá, mantiene secreto de sumario, pero hasta el momento hay cuatro detenidos: dos hombres y dos mujeres, entre ellos un ciudadano peruano vinculado a la villa 1-11-14 del Bajo Flores. Los detenidos fueron sorprendidos limpiando la escena del crimen, mientras los cuerpos de las jóvenes estaban enterrados en el patio de la propiedad. Según fuentes policiales y judiciales, la principal hipótesis apunta a una venganza narco, posiblemente motivada por el robo de droga o dinero por parte de alguna de las víctimas.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, explicó que las jóvenes fueron engañadas con la promesa de participar en un evento, pero cayeron en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico. "Todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en la Ciudad de Buenos Aires", afirmó el gobernador Axel Kicillof desde Nueva York, donde participaba de un homenaje a José Mujica.

El caso generó protestas y reclamos de justicia en La Matanza, con familiares y vecinos exigiendo respuestas y criticando la actuación de las autoridades locales. "Quiero justicia. Quiero la cabeza de todos, por favor", expresó la madre de una de las víctimas. El intendente Fernando Espinoza fue señalado por los familiares por no acercarse a dialogar con ellos.

La investigación continúa, con la intervención de la PROCUNAR y la búsqueda de más responsables. El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad, la violencia de género y la competencia penal en materia de estupefacientes, en un contexto de creciente preocupación por la violencia narco en el conurbano bonaerense. Las autoridades nacionales y provinciales se cruzan por la actuación de las fuerzas federales y la responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico, mientras la sociedad exige justicia y mayor protección.