Gastón Guillemet, empresario de 37 años, se ha convertido en el prófugo más buscado de Argentina tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a un recurso presentado por su defensa. Guillemet enfrenta graves acusaciones por trata de personas, específicamente por captar y trasladar jóvenes vulnerables, algunas menores de edad, desde la localidad de Villa Berthet, Chaco, hasta la Ciudad de Buenos Aires, donde fueron explotadas sexualmente.

Los hechos que motivaron la causa ocurrieron en diciembre de 2010, cuando Guillemet, entonces de 22 años, convenció a tres jóvenes de 14, 17 y 19 años para viajar a Buenos Aires bajo falsas promesas de empleo. Al llegar, las víctimas fueron llevadas a un prostíbulo y sometidas a explotación sexual. El caso fue investigado por el fiscal Diego Luciani, quien solicitó una pena de 11 años de prisión. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N°7 lo condenó inicialmente a tres años de prisión en suspenso, argumentando que el acusado desconocía la edad de una de las víctimas y lo absolvió en el caso de la adolescente de 14 años.

La fiscalía apeló el fallo y la Cámara Federal de Casación Penal revocó la condena, ordenando un nuevo juicio. Guillemet, en vez de presentarse ante los tribunales, se fugó y desde octubre de 2023 está prófugo, con una orden de captura internacional y una recompensa de $5 millones ofrecida por el Ministerio de Seguridad para quien aporte información sobre su paradero.

En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó un recurso de queja presentado por la defensa de Guillemet, que buscaba extinguir la acción penal. El máximo tribunal ratificó la doctrina que impide a los prófugos acceder a recursos judiciales mientras permanezcan evadidos, subrayando que no puede haber diálogo procesal entre el tribunal y quien se sustrae voluntariamente del proceso penal.

El caso de Guillemet pone en evidencia la persistente problemática de la trata de personas en Argentina y la dificultad de la justicia para garantizar la comparecencia de los acusados en procesos de alta gravedad. Las autoridades judiciales y de seguridad consideran su detención una prioridad, mientras el caso sigue generando preocupación por la vulnerabilidad de las víctimas y la efectividad de las respuestas institucionales.