Tres inspectores de la Policía de la Ciudad y un repartidor de aplicaciones fueron procesados con prisión preventiva por el secuestro extorsivo de un joven de 24 años, ocurrido el 17 de mayo en el Bajo Flores, Ciudad de Buenos Aires. La víctima fue citada mediante redes sociales para concretar la venta de unas zapatillas importadas, pero al llegar al punto de encuentro fue interceptada por dos hombres en moto. Uno de ellos, tras identificarse como comprador, lo amenazó con un arma de fuego y le dijo: “Perdiste guachín”.

El joven fue obligado a conducir por distintas zonas de la ciudad mientras permanecía cautivo en su propio auto. Durante el trayecto, los secuestradores le quitaron el celular y realizaron llamadas extorsivas a su familia, exigiendo un rescate de 5.000 dólares. Finalmente, el hermano de la víctima entregó 4.000 dólares y 1.500.000 pesos en la esquina de Rucci y Zuviría, Villa Lugano, a un motociclista con el rostro semicubierto. Poco después, la víctima fue liberada en una plazoleta de Villa Soldati.

La investigación, liderada por la Fiscalía Federal N°3 y la jueza María Romilda Servini, determinó que los policías procesados —A.N.L., P.O.M. y H.M.D.S.— utilizaron un móvil policial no identificable para monitorear y apoyar el secuestro. El repartidor peruano, de 20 años, fue identificado por su motocicleta y características físicas. Los cuatro fueron detenidos el 2 de septiembre en ocho allanamientos realizados en la Ciudad y el conurbano bonaerense. En los operativos se secuestraron armas, teléfonos y prendas vinculadas al hecho.

La jueza Servini dictó prisión preventiva y embargos de $50 millones para cada imputado, argumentando riesgos procesales y la gravedad institucional de que miembros de una fuerza de seguridad participen en delitos de esta naturaleza. “Resulta abrumador siquiera pensar que quienes ostentan la condición policial y tienen el deber de garantizar la ley, se involucren en hechos como el que aquí nos ocupa”, expresó en su resolución.

El caso fue calificado como secuestro extorsivo agravado y robo agravado por uso de armas, con penas que pueden alcanzar hasta 25 años de prisión. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía Federal N°3, con pericias sobre dispositivos secuestrados y análisis patrimonial de los acusados, mientras se busca identificar a otros posibles partícipes.