El tribunal de Río Cuarto absolvió a José Fernando Andrada, exdirector del Hospital de Huinca Renancó, y a Analía Morales, trabajadora social del hospital de Río Cuarto, en el juicio por el caso Solange Musse. Ambos estaban acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, tras impedir el ingreso de Pablo Musse a Córdoba para despedirse de su hija, quien atravesaba la etapa final de un cáncer de mama en agosto de 2020.

La decisión del jurado popular y técnico se basó en la falta de responsabilidad directa de los acusados en el operativo que, bajo las restricciones sanitarias vigentes por la pandemia de Covid-19, negó el acceso a Musse y su cuñada, Paola Oviedo, por no contar con un test PCR negativo. Aunque ambos tenían permisos de circulación por fuerza mayor, los dos tests rápidos realizados en el puesto sanitario de Huinca Renancó arrojaron resultados positivos, considerados luego como falsos positivos. La familia fue escoltada por la policía de regreso a Neuquén, sin poder detenerse, y cinco días después Solange falleció sin reencontrarse con su padre.

Durante el proceso judicial, el fiscal Julio Rivero solicitó un año y seis meses de prisión condicional para los acusados y que la familia Musse fuera reconocida como víctima de violencia institucional. La querella pidió dos años de prisión y la inhabilitación profesional de ambos. Sin embargo, la defensa argumentó que el operativo respondía a una estructura jerárquica más amplia y que los imputados actuaron conforme a los protocolos vigentes, en un contexto de alta circulación viral y ausencia de vacunas.

El juicio incluyó testimonios de exministros, médicos y miembros del COE, con posturas divididas sobre la aplicación estricta de los protocolos y la posibilidad de excepciones humanitarias. Exfuncionarios defendieron la decisión por el riesgo epidemiológico, mientras otros admitieron que pudo haberse contemplado una flexibilización.

Tras el fallo, Pablo Musse expresó su dolor y desconfianza en la justicia: “Siento odio, bronca y el mismo sentimiento que sentí aquel domingo 16 en el cual no me dejaron pasar a ver a mi hija”. La familia anunció que apelará la sentencia, mientras el caso sigue generando debate sobre los límites de los protocolos sanitarios y los derechos humanos en situaciones excepcionales.