El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta una nueva acusación en el marco del proceso judicial por intento de golpe de Estado, tras la revelación de un documento en el que planeaba solicitar asilo político al gobierno argentino de Javier Milei. La Policía Federal de Brasil halló en el teléfono móvil de Bolsonaro un borrador de 33 páginas, sin fecha ni firma, dirigido al presidente argentino, en el que el exmandatario alega ser víctima de persecución política y solicita protección ante lo que considera medidas judiciales injustas.

El hallazgo se produjo en el contexto de la investigación por la supuesta conspiración para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, luego de las elecciones de 2022. Bolsonaro, actualmente bajo prisión domiciliaria por incumplimiento de medidas cautelares y riesgo de fuga, debe responder ante el Supremo Tribunal Federal, que le ha otorgado un plazo de 48 horas para justificar el intento de asilo y la reiteración de conductas ilícitas.

Las autoridades brasileñas sospechan que la esposa del senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, fue quien redactó el documento. Además, se investiga la transferencia de fondos entre Bolsonaro y su hijo Eduardo, radicado en Estados Unidos, para financiar acciones que favorezcan la defensa del exmandatario y presionen a instituciones estadounidenses y brasileñas. El pastor evangélico Silas Malafaia, aliado de Bolsonaro, también ha sido incluido en la investigación por presunta obstrucción a la justicia, tras ser interceptado en el aeropuerto de Río de Janeiro y retenido su pasaporte.

El caso ha generado repercusiones internacionales, con Estados Unidos endureciendo su postura y aplicando sanciones y aranceles adicionales a Brasil, en respuesta a la situación judicial de Bolsonaro y las acciones del juez Alexandre de Moraes. El Departamento de Estado estadounidense ha advertido sobre las consecuencias de violar sus sanciones, subrayando el alcance extraterritorial de sus medidas.

Mientras la instrucción del proceso penal avanza y se espera una sentencia para septiembre, el debate sobre la influencia de actores internacionales y la estabilidad democrática en Brasil continúa. Bolsonaro, inhabilitado políticamente hasta 2030, mantiene su postura de inocencia y denuncia una persecución política, mientras el Supremo Tribunal Federal refuerza su compromiso con la investigación y la defensa del Estado democrático de derecho.