A partir de octubre, la Provincia de Buenos Aires implementará un nuevo régimen de retención de Ingresos Brutos sobre las billeteras virtuales, como Mercado Pago, Ualá y Naranja X. La medida, que generó controversia y confusión en los últimos días, fue aclarada por la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), que aseguró que no se trata de un impuesto nuevo, sino de una equiparación con el sistema que ya rige para las entidades bancarias.

Según explicaron desde ARBA, la retención solo se aplicará a contribuyentes inscriptos en el impuesto a los Ingresos Brutos y únicamente en operaciones vinculadas a actividades económicas. Las alícuotas varían entre el 0,1% y el 5%, dependiendo de la actividad del contribuyente. Operaciones personales, como transferencias entre familiares, movimientos entre cuentas propias, sueldos o jubilaciones, quedan expresamente excluidas del alcance de la medida.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, desmintió la existencia de un nuevo tributo y atribuyó la confusión a una campaña de desinformación electoral. "No hay ningún impuesto nuevo en la Provincia", afirmó, y agregó que el objetivo es garantizar equidad entre quienes operan con bancos y quienes lo hacen con billeteras virtuales, tal como ya ocurre en 19 provincias del país.

Desde el sector comercial, algunos referentes manifestaron preocupación por el posible traslado del costo de la retención a los precios finales y la acumulación de saldos a favor, aunque ARBA anunció que se elevó el límite para gestionar estos saldos de $1.000.000 a $3.500.000, facilitando el trámite para más del 95% de los contribuyentes afectados.

Tributaristas como Marcelo Rodríguez criticaron la medida por considerarla una "exacción compulsiva" y señalaron la dificultad para recuperar los saldos a favor generados por las retenciones. Sin embargo, desde el gobierno provincial se insiste en que la mayoría de los usuarios, especialmente quienes están en el régimen simplificado, no serán alcanzados por la medida.

La implementación de este régimen se enmarca en un contexto de búsqueda de mayor equidad fiscal y de alineamiento con otras jurisdicciones del país. El debate sobre el impacto real de la medida y su posible traslado a precios continúa abierto, mientras las autoridades provinciales refuerzan la comunicación para evitar confusiones y desinformación.