La controversia por la reimpresión de boletas electorales en la provincia de Buenos Aires escaló tras la renuncia de José Luis Espert como candidato de La Libertad Avanza (LLA) y la propuesta de Diego Santilli como su reemplazo. El pedido de LLA para reimprimir entre 14 y 18 millones de boletas, con la imagen de Santilli en lugar de Espert, generó un intenso debate político y judicial, principalmente por el elevado costo estimado, que oscila entre 15.000 y 18.000 millones de pesos, y por los ajustados plazos logísticos a menos de tres semanas de las elecciones.

La Junta Electoral bonaerense, con sede en La Plata, citó a una audiencia urgente para el miércoles 8 de octubre, convocando al ministro del Interior, Lisandro Catalán, y a representantes de todos los partidos. El organismo solicitó al Gobierno nacional que informe si existen fondos disponibles para afrontar el gasto, si es necesario un nuevo proceso licitatorio y los plazos mínimos para la impresión y distribución de las boletas. El Correo Argentino también fue requerido para detallar los tiempos de entrega a los más de 40.000 centros de votación.

El pedido de LLA se formalizó tras la renuncia de Espert, en medio de cuestionamientos por presuntos vínculos con un detenido por narcotráfico. La propuesta de reemplazo por Santilli enfrenta objeciones legales, ya que la ley electoral establece que la boleta se imprime una sola vez y que, ante la renuncia de un candidato, el siguiente en la lista debe ocupar el primer lugar, respetando la paridad de género. Sectores opositores sostienen que Karen Reichart, segunda en la nómina, debería encabezar la lista, y advierten que la reimpresión rompería la equidad y generaría un gasto millonario en un contexto de recortes presupuestarios.

Dirigentes como Jorge Taiana y Rubén Eslaiman rechazaron la reimpresión, señalando que el dinero podría destinarse a hospitales y servicios públicos. "La ley es clara: la boleta se imprime una sola vez. Reimprimir por la renuncia de un candidato es un privilegio indebido", afirmó Eslaiman. Por su parte, LLA argumenta que la reimpresión es necesaria para evitar confusión en el electorado y garantizar transparencia.

El proceso enfrenta plazos críticos y podría derivar en apelaciones judiciales, con el riesgo de afectar el calendario electoral. La controversia también expone tensiones internas en LLA y cuestionamientos sobre la interpretación de la Ley de Paridad de Género, sumando complejidad política y legal a la definición de las candidaturas y la organización de los comicios.