La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la extradición de Federico "Fred" Machado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico. El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratifica la decisión del Juzgado Federal N°2 de Neuquén y se basa en la adecuación del pedido estadounidense a las normas de cooperación internacional.

Machado, empresario argentino, fue detenido en abril de 2021 en Neuquén por requerimiento internacional y desde entonces cumple arresto domiciliario en Viedma. La justicia estadounidense lo acusa de integrar una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, lavado de activos y fraude, con operaciones que involucran hasta USD 350 millones. Además, se lo vincula con transferencias de fondos no declarados a la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019.

Durante el proceso, la defensa de Machado, representada por Francisco Oneto y Roberto Rallin, presentó múltiples objeciones, incluyendo la supuesta caída de la acusación en EE.UU. y planteos de nulidad, todos rechazados por la Corte. El tribunal también solicitó información adicional sobre la situación procesal de coimputados en Texas, recibiendo confirmación de la justicia estadounidense sobre la vigencia de las acusaciones.

La ley argentina establece que la decisión final sobre la extradición corresponde al Poder Ejecutivo, que dispone de diez días hábiles para expedirse tras recibir el expediente. El presidente Javier Milei, quien comparte abogado con Machado, debe decidir si concede la extradición o la rechaza por razones de soberanía, seguridad u orden público. En caso de silencio, la extradición se considera concedida.

Machado, en declaraciones públicas, minimizó la relevancia de compartir abogado con el presidente y negó vínculos personales con Milei. El caso ha generado controversia por sus implicancias políticas y el financiamiento de campañas, mientras la justicia argentina y estadounidense mantienen firme el pedido de extradición. El desenlace dependerá ahora de la decisión política del Ejecutivo, en un proceso que marca un precedente en la cooperación judicial internacional.