La convocatoria del presidente Javier Milei a una mesa de diálogo con los gobernadores, tras la contundente derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, ha sido recibida con escepticismo y desconfianza por parte de los mandatarios provinciales. La iniciativa, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni a través de redes sociales, fue interpretada por los gobernadores como una reacción tardía y poco formal ante el revés electoral.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, fue uno de los más explícitos en manifestar su malestar: “No son leones, son palomas de iglesia, porque cagan a los fieles. A mí me cagaron con obras y me cagaron en lo electoral, con candidatos que me destrozan”, declaró. Otros gobernadores, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), también expresaron públicamente su desconfianza y reclamaron señales concretas del gobierno nacional, como la no utilización del veto presidencial sobre la ley que modifica la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El bloque Provincias Unidas, integrado por seis gobernadores de diferentes signos políticos, prepara una muestra de fuerza para este viernes en Río Cuarto, Córdoba, donde buscarán consolidar una agenda común y posicionarse como alternativa política de cara a las elecciones presidenciales de 2027. “La gente viene hablando fuerte y claro. El gobierno sigue sin escuchar, paralizado. Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones”, publicó Pullaro en sus redes sociales.

El trasfondo de la disputa es la creciente tensión por la distribución de fondos nacionales y la competencia electoral en los distritos, agravada por la reciente victoria de Axel Kicillof en Buenos Aires, que reposicionó a los gobernadores como actores clave en la política nacional. Mientras tanto, el oficialismo nacional enfrenta dificultades para construir consensos y revertir la polarización política, en un contexto marcado por la inminencia de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Dirigentes opositores y oficialistas coinciden en la necesidad de diálogo, pero advierten que solo será posible si se concretan hechos y no meras declaraciones. El futuro de la relación entre Nación y provincias dependerá de la capacidad del gobierno para responder a los reclamos y construir una agenda federal que contemple las demandas de los distintos territorios.