El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 dispuso el decomiso de más de cien bienes pertenecientes a la familia Kirchner y al empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa Vialidad, que investigó la corrupción en la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. La resolución, dictada el 18 de noviembre, implica la pérdida definitiva de propiedades, cuentas bancarias y activos por un valor actualizado de $684.990.350.139,86, según el informe de peritos oficiales y fiscales.

Entre los bienes afectados se encuentran el hotel boutique Los Sauces en El Calafate, varios departamentos y terrenos cedidos a Máximo y Florencia Kirchner, y numerosas propiedades en Río Gallegos. El decomiso alcanza también a empresas vinculadas, como Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A., y Gotti Hnos. S.A., así como a vehículos y cuentas bancarias. Lázaro Báez, principal beneficiario de la adjudicación irregular de obras, perderá 84 propiedades, muchas de ellas ubicadas en Santa Cruz.

La Corte Suprema de Justicia será responsable de administrar los bienes recuperados, con la posibilidad de destinarlos a la reparación social de los daños causados por la corrupción. El tribunal fundamentó la medida en la función reparadora y en la política pública de recuperación de activos, diferenciando el decomiso del embargo, que es solo una medida cautelar.

La decisión judicial afecta también a los hijos de Cristina Kirchner, Máximo y Florencia, quienes figuran como titulares de algunos de los bienes decomisados. Florencia Kirchner, en particular, ha enfrentado problemas de salud que su familia atribuye a la presión judicial. El decomiso masivo representa una de las acciones más significativas en la historia judicial argentina contra la corrupción, y pone en jaque parte del patrimonio familiar acumulado durante años de función pública.

En el plano político, Cristina Kirchner mantiene su liderazgo sobre una porción significativa del electorado, lo que genera debate sobre la igualdad en la aplicación de la ley y el cumplimiento efectivo de las condenas. El abogado penalista Pedro Despouy detalló el procedimiento vigente y el rol de la Corte Suprema en la administración de bienes de origen ilícito. El caso sigue generando repercusiones en la opinión pública y plantea interrogantes sobre el futuro de los bienes decomisados y la situación judicial de los involucrados.