El diputado nacional José Luis Espert solicitó licencia hasta el final de su mandato, en medio de un escándalo que involucra presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero. La decisión fue comunicada este miércoles mediante una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la que Espert alegó "motivos particulares" para su apartamiento.

La situación de Espert se agravó tras la difusión de documentos que revelan que recibió al menos USD 200.000 de una empresa vinculada a Machado, quien enfrenta extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de activos. Según investigaciones periodísticas, el contrato firmado entre Espert y Machado podría haber alcanzado el millón de dólares, aunque el diputado solo admitió haber recibido una parte de ese monto por supuestas tareas de asesoría que nunca se realizaron.

La denuncia contra Espert fue presentada por el dirigente peronista Juan Grabois y recayó en el fiscal federal Federico Domínguez, quien investiga si la transferencia de fondos constituyó lavado de dinero. El escándalo llevó a Espert a renunciar a su candidatura para renovar su banca y a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, en medio de fuertes presiones políticas y mediáticas.

En el Congreso, la oposición impulsó iniciativas para expulsar a Espert, pero no logró reunir los votos necesarios. Legisladores como Vilma Ripoll acusaron al diputado de ser "partícipe necesario de una asociación ilícita" y exigieron su renuncia definitiva. Por su parte, desde el oficialismo se deslindó responsabilidad y se enfatizó que la Justicia debe investigar el caso sin privilegios para ningún funcionario.

El pedido de licencia de Espert se produce en un contexto de creciente debate sobre la transparencia y la ética en la política argentina, especialmente en plena campaña legislativa. El caso ha generado divisiones dentro de los bloques parlamentarios y pone en cuestión los mecanismos de control sobre el financiamiento de campañas y la conducta de los representantes públicos. El desenlace judicial y político del caso Espert podría tener implicancias significativas para el Congreso y para la percepción ciudadana sobre la integridad de sus instituciones.