La planta de cerámicos ILVA, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, Buenos Aires, cerró sus puertas a comienzos de septiembre, dejando a más de 300 trabajadores sin empleo y en medio de un conflicto laboral que se intensifica día a día. El cierre, atribuido a la caída del consumo interno, el aumento de costos y la apertura de importaciones, fue comunicado a los empleados a fines de agosto, y los telegramas de despido comenzaron a llegar el 1 y 2 de septiembre.

Desde entonces, los trabajadores reclaman el pago de indemnizaciones y salarios adeudados, denunciando que la empresa no solo no cumplió con la totalidad de las indemnizaciones legales, sino que tampoco abonó la mitad que intentó justificar bajo el artículo 247 del Procedimiento Preventivo de Crisis. “Estamos en una situación de calle, sin trabajo y sin saber qué va a pasar con nosotros”, expresó Jonatan, delegado de los trabajadores, en declaraciones radiales.

El conflicto llevó a la realización de protestas, acampes en el predio de la fábrica y cortes en la autopista Panamericana, que fueron desalojados pacíficamente por Gendarmería tras casi tres horas de interrupción del tránsito. La conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense venció sin que la empresa presentara propuestas de pago, lo que mantiene la tensión entre las partes.

El gobernador Axel Kicillof y el intendente de Pilar, Federico Achával, visitaron a los trabajadores y manifestaron su apoyo, comprometiéndose a impulsar gestiones para resguardar los empleos. “Estamos del lado de los trabajadores y vamos a acompañarlos para defender cada puesto de trabajo”, afirmó Kicillof durante una reunión en la planta.

La Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA) denunció que la empresa busca reabrir con personal más precarizado y advirtió sobre el impacto negativo que este caso puede tener en la industria ceramista nacional. El sector enfrenta una retracción general, con caídas en las ventas de entre 25% y 30% y una mayor competencia de productos importados.

Mientras tanto, más de 300 familias permanecen en vilo, a la espera de una resolución que les permita acceder a sus derechos laborales y recuperar la estabilidad perdida. El caso ILVA se suma a otros conflictos similares en la provincia, reflejando la difícil situación que atraviesa la industria manufacturera argentina.