La Justicia comercial decretó la quiebra de Gugax S.A., una de las empresas más relevantes del sector agropecuario argentino, tras constatar un colapso financiero que involucra más de $11.300 millones en cheques rechazados y múltiples denuncias por presuntas estafas. La resolución, firmada por el juez Fernando Saravia del Juzgado Nacional en lo Comercial N°11, ordenó la clausura de la sede social, la inhibición general de bienes, el embargo de fondos y la prohibición de salida del país para el presidente de la firma, Oscar Máximo Díaz.

La compañía, fundada en 2011 y dedicada a la comercialización de productos agropecuarios, había solicitado su propia quiebra en octubre de 2025, reconociendo un pasivo de $747,8 millones. Sin embargo, los registros oficiales del Banco Central revelan una situación mucho más grave: 1.199 cheques rechazados por un total de $11.321 millones, sin regularización alguna, y deudas con varios bancos, entre ellos Supervielle, Galicia, Macro, Credicoop, BBVA y BICE, muchas clasificadas como de alto riesgo crediticio.

La crisis de Gugax se agravó con denuncias penales. En octubre de 2025, la Fiscalía General de General Pico, La Pampa, recuperó tres tractores valuados en más de $650 millones, adquiridos por la empresa con cheques sin fondos. La denuncia, presentada por Diésel Lange —principal acreedor de Gugax—, sostiene que la firma simuló solvencia para concretar la compra y luego incumplió los pagos. Los tractores fueron restituidos tras allanamientos en localidades bonaerenses.

El expediente judicial absorbió al menos cinco pedidos de quiebra promovidos por distintos acreedores. Además, la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de Santa Fe solicitó acceso al expediente para sumarlo a una investigación propia sobre criminalidad económica. Tras la declaración de quiebra, el abogado de la empresa renunció, alegando haber perdido contacto con el presidente Díaz.

La sentencia judicial dispuso la inhabilitación de la sociedad y sus administradores por un año y estableció medidas para preservar activos en beneficio de los acreedores. El futuro de Gugax S.A. queda ahora en manos de la sindicatura y la Justicia, que deberán determinar el alcance real de las maniobras denunciadas y la posibilidad de recuperar fondos para los acreedores.