Una delegación argentina conformada por legisladores nacionales, sindicalistas y referentes sociales fue deportada de Bolivia tras intentar ingresar al país como observadores de derechos humanos. El episodio ocurrió el 15 de junio en el aeropuerto internacional de El Alto, donde las autoridades bolivianas retuvieron a los integrantes de la misión durante más de seis horas antes de obligarlos a regresar a la Argentina.

La delegación, integrada por diputados nacionales y legisladores porteños del peronismo y la izquierda, así como dirigentes sindicales, había viajado con el objetivo de relevar la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas y bloqueos que sacuden a Bolivia desde hace más de 40 días. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, la expulsión se debió a "inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso y las actividades anunciadas públicamente por la delegación". El canciller Pablo Quirno calificó la misión como "autoproclamada" y justificó la decisión de las autoridades bolivianas en el ejercicio de su soberanía.

El hecho generó fuertes reacciones en el ámbito político argentino. Legisladores de izquierda, como Andrea D’Atri, reclamaron un pronunciamiento de repudio en la Legislatura porteña, aunque la iniciativa fue rechazada por los bloques de derecha. D’Atri denunció que la medida constituye un acto de censura y hostigamiento, y destacó la trayectoria de Alejandrina Barry, exlegisladora porteña y referente de derechos humanos, quien formaba parte de la misión.

El episodio se produce en un contexto de profunda crisis social y política en Bolivia, donde los bloqueos de rutas han provocado desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, especialmente en La Paz. Las protestas, que comenzaron como reclamos sectoriales, derivaron en un pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz. Según medios locales, actualmente existen 52 bloqueos activos en el país.

La expulsión de la delegación argentina fue acompañada de manifestaciones de repudio por parte de organizaciones sociales y de derechos humanos, tanto en Argentina como en Bolivia. Evo Morales, expresidente boliviano, denunció el hecho como una señal alarmante de hostigamiento a quienes buscan documentar la situación de derechos humanos en el país. El gobierno argentino, por su parte, adoptó una postura cautelosa y no brindó asistencia jurídica a los deportados, según denunciaron integrantes de la misión.

El incidente pone de relieve la tensión política en Bolivia y la preocupación internacional por la situación de los derechos humanos en el país, en un contexto de creciente polarización y conflictividad social.