La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anuló el fallo que obligaba a la Argentina a pagar US$16.100 millones al fondo Burford Capital por la expropiación de YPF en 2012, en una decisión que representa un importante alivio financiero para el país. El tribunal consideró que la interpretación del estatuto de la petrolera y las leyes argentinas no justificaba la condena previa, aunque el caso aún no está cerrado.

Burford Capital, que financió la demanda de los antiguos accionistas minoritarios de YPF, anunció su intención de apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, las probabilidades de que el máximo tribunal acepte el caso son muy bajas, ya que solo revisa alrededor del 1% de las solicitudes anuales. Si la Corte aceptara el caso, su fallo sería definitivo e inapelable.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó la posición argentina, argumentando que el proceso de discovery ordenado por la jueza Loretta Preska era "excesivamente intrusivo" y contrario a los principios de cortesía internacional. Este apoyo fue considerado clave en la estrategia de defensa argentina.

Además de la vía de la Corte Suprema, Burford podría intentar recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde Argentina ha tenido resultados mayoritariamente adversos en el pasado. Otra opción sería solicitar una revisión "en banc" ante la Cámara de Apelaciones, aunque este recurso es excepcional y poco probable.

El fallo fue celebrado tanto por el gobierno como por la oposición, quienes vieron en la decisión un respiro para las finanzas públicas y una oportunidad para dejar atrás un litigio que afectaba la reputación internacional del país. Sin embargo, analistas y exfuncionarios advierten que el caso deja lecciones sobre la importancia de respetar los contratos y la seguridad jurídica, factores clave para atraer inversiones extranjeras.

En paralelo, el gobierno argentino inició una auditoría interna para investigar posibles filtraciones de información durante gestiones anteriores, en un intento por esclarecer responsabilidades en la estrategia de defensa inicial. El desenlace final del caso YPF aún está por definirse, pero el reciente fallo marca un precedente relevante para futuras disputas internacionales.