El fallecimiento de Alejandro Zalazar, anestesiólogo de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y exresidente del Hospital Rivadavia, ha generado conmoción en el sistema de salud porteño. Zalazar fue hallado sin vida en su departamento de Palermo el pasado 20 de febrero, con una vía intravenosa conectada y elementos descartables para inyecciones. La autopsia determinó que la causa de muerte fue una sobredosis de propofol y fentanilo, dos fármacos de uso anestésico hospitalario.

La investigación posterior reveló que los medicamentos hallados en la vivienda de Zalazar provenían del Hospital Italiano de Buenos Aires. Este hallazgo derivó en la apertura de sumarios internos y en la denuncia formal del robo de estupefacientes por parte de la institución. Dos profesionales del área de Anestesiología fueron apartados de sus cargos, mientras la justicia investiga cómo salieron las sustancias controladas del circuito hospitalario.

El caso destapó la existencia de fiestas privadas, conocidas en el ambiente médico como “Propofest”, donde se utilizaban anestésicos con fines recreativos. Según testimonios y audios que circulan entre médicos y residentes, en estos encuentros se administraban dosis de propofol y fentanilo, y siempre había una persona encargada de asistir en caso de apnea. También se mencionan “viajes controlados” ofrecidos por un anestesista, donde los participantes pagaban por experimentar estados de relajación extrema bajo supervisión.

El Hospital Italiano informó que reforzará los controles internos y trabaja junto a la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires para prevenir hechos similares. “El Hospital reafirma su compromiso con la seguridad y la calidad en todos los procesos de atención de sus pacientes”, señaló la institución en un comunicado oficial.

Mientras tanto, la comunidad médica debate sobre la responsabilidad institucional y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y denuncia. La investigación judicial y administrativa continúa, sin confirmaciones oficiales sobre la magnitud de las fiestas ni sobre otras posibles víctimas. El caso ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de control de sustancias críticas en hospitales y la urgencia de implementar políticas más estrictas para evitar nuevos episodios.