La Justicia argentina se encuentra en el centro de un intenso debate tras la decisión del juez Alejandro Maraniello de prohibir la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La medida, dictada el 1 de septiembre de 2025 a pedido del Gobierno, fue rápidamente apelada por periodistas, ONGs y organismos defensores de la libertad de expresión, quienes la consideran un caso de censura previa.

El caso se originó tras la filtración de audios en los que se involucra a Karina Milei en un presunto escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El Gobierno, argumentando que los audios fueron obtenidos de manera ilegal y que su difusión afecta la privacidad institucional, solicitó a la Justicia frenar su circulación. Además, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció penalmente la existencia de una supuesta organización dedicada a la inteligencia ilegal y pidió medidas extremas, como allanamientos a medios y periodistas.

La decisión judicial generó una ola de críticas. Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentaron recursos para que se levante la restricción. El fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la causa penal, rechazó la posibilidad de censurar contenidos o allanar medios, recordando que "las fuentes periodísticas son inviolables".

El juez Maraniello, quien ya enfrenta múltiples denuncias en el Consejo de la Magistratura por otros motivos, concedió la apelación y elevó el expediente a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Mientras tanto, la medida cautelar sigue vigente, manteniendo la prohibición de difundir los audios.

El caso ha reavivado el debate sobre los límites entre la protección de la privacidad y la defensa de la libertad de prensa en Argentina. Constitucionalistas, miembros de la Corte Suprema y organizaciones periodísticas han advertido sobre el riesgo de sentar un precedente que limite el acceso a la información pública. La resolución final de la Cámara de Apelaciones será clave para definir el alcance de la libertad de expresión en el país.