El Impuesto sobre los Ingresos Brutos, principal fuente de recaudación de las provincias argentinas, se encuentra en el centro de una intensa discusión política y económica. Este tributo, vigente desde 1977, representa más del 80% de los ingresos propios de las jurisdicciones y ha sido señalado por economistas y tributaristas como uno de los impuestos más distorsivos y costosos del sistema fiscal argentino.

A lo largo de los años, diversos pactos fiscales intentaron limitar su alcance y promover la transparencia, pero la mayoría fueron incumplidos o revertidos, permitiendo que las provincias mantuvieran e incluso aumentaran las alícuotas. En 2025, varias jurisdicciones, como Santa Fe, Neuquén, Chubut y Río Negro, incrementaron las tasas, mientras que otras, como Jujuy y Buenos Aires, modificaron los regímenes de percepción y retención, lo que provocó que muchas empresas pasaran a tributar en tramos más altos.

El impacto del impuesto es significativo: se aplica en cascada a lo largo de toda la cadena productiva, encareciendo los precios finales de bienes y servicios. En el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, la incidencia de Ingresos Brutos alcanza el 7,7% del precio, ubicándose como el tercer tributo en importancia después del IVA y las cargas sociales. Sin embargo, el consumidor final suele desconocer cuánto paga de este impuesto, ya que no se detalla en los tickets, salvo en algunas provincias como Chubut y Córdoba que han avanzado en la transparencia fiscal.

El sistema de percepciones y retenciones, utilizado por las provincias para adelantar la recaudación, genera saldos a favor crónicos para empresas y PyMEs, que se ven afectados por la inflación y las demoras en las devoluciones. Según datos de la Unión Industrial Argentina, en 2024 los saldos a favor superaban los $500 millones por empresa en muchos casos, evidenciando un stock inmovilizado que crece con la inflación y afecta la liquidez y la competitividad.

El debate sobre la reforma tributaria y la posible sustitución de Ingresos Brutos por un "IVA dual" ha cobrado fuerza en los últimos meses. Economistas como Osvaldo Giordano y Nadin Arganañaz advierten sobre la complejidad de alcanzar consensos entre Nación y provincias, mientras que funcionarios provinciales insisten en la necesidad de acuerdos políticos para evitar pérdidas de recaudación. El Gobierno nacional, por su parte, evalúa limitar el uso de sistemas bancarios para la recaudación provincial, lo que podría abrir un conflicto político de gran magnitud.

En este contexto, empresas, cámaras sectoriales y expertos continúan reclamando por una reforma que reduzca la presión fiscal, mejore la transparencia y promueva la competitividad, mientras el futuro del impuesto sigue siendo incierto y objeto de debate en todo el país.