La Fundación Poder Ciudadano presentó ante la justicia federal una solicitud para constituirse como querellante en la causa que investiga presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), relacionados con la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina. El pedido, formalizado por el presidente de la organización, Pablo Secchi, y sus abogados, fue dirigido al juez Sebastián Casanello, quien deberá decidir si la ONG podrá participar activamente en el expediente y solicitar medidas de prueba.

La investigación se originó a partir de audios atribuidos al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se describe un supuesto esquema de pago de coimas que involucraría a funcionarios de alto rango, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, su asesor Eduardo "Lule" Menem, la familia Kovalivker, propietaria de Suizo Argentina, y el propio presidente Javier Milei. Según los audios, parte de los fondos de las contrataciones estatales habrían sido desviados como retornos a funcionarios.

En el marco de la causa, se realizaron allanamientos en la sede de Suizo Argentina, la ANDIS y los domicilios de los principales implicados, donde se incautaron teléfonos celulares, computadoras y documentación relevante. El fiscal Franco Picardi se encuentra analizando estos elementos, mientras la causa permanece bajo secreto de sumario y aún no se han formalizado imputaciones contra los investigados.

La defensa de los empresarios involucrados presentó un pedido de nulidad del expediente, argumentando la falta de veracidad de los audios y la existencia de "cosa juzgada" por investigaciones previas sobre la compra de medicamentos, aunque la jurisprudencia no avala este planteo sin sobreseimientos previos.

Poder Ciudadano fundamentó su solicitud en su trayectoria en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia institucional, destacando que la corrupción afecta el funcionamiento del Estado y los intereses colectivos. La ONG ya ha intervenido como querellante en otros casos de alto perfil, como los de Julio "Chocolate" Rigau y el exintendente Martín Insaurralde.

El director ejecutivo de la fundación, Pablo Secchi, subrayó que la participación de Poder Ciudadano busca aportar una mirada independiente y fortalecer la investigación judicial, sin vinculación partidaria. Por su parte, el abogado penalista Jorge Monastersky calificó como "muy grave" la filtración de audios, advirtiendo sobre posibles vulneraciones a la seguridad nacional.

El avance de la causa y la eventual aceptación de la ONG como querellante podrían marcar un precedente en la participación de organizaciones civiles en investigaciones de corrupción, en un contexto de creciente demanda social por transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.