La inminente aprobación de la reforma laboral en Argentina ha encendido la alarma en el sector marítimo y pesquero, donde gremios y especialistas debaten el impacto de la exclusión del personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). El proyecto, impulsado por el gobierno de Javier Milei, establece que los trabajadores embarcados pasarán a regirse exclusivamente por la Ley de Navegación y los convenios colectivos específicos del sector.

Desde los sindicatos marítimos, como SIMAPE, SICONARA, SAON y SOMU, la medida es vista como un retroceso histórico en materia de derechos laborales. Pablo Trueba, secretario general de SIMAPE, advirtió que la reforma implica la pérdida de la ultraactividad de los convenios y la estabilidad laboral, dejando a los tripulantes bajo contratos temporales y sin garantías de continuidad. "Se busca convertir a la pesca en una actividad zafrera", afirmó, señalando que la dotación de explotación quedará en manos del armador y que la protección ante despidos y accidentes podría verse debilitada.

Por su parte, el abogado laboralista Oscar Gerez, impulsor de la exclusión, sostiene que la medida no modifica la situación actual de los tripulantes, quienes ya estaban regulados por la Ley de Navegación y convenios internacionales. "Para el personal embarcado no cambia nada, sigue siendo como hasta ahora", aseguró, argumentando que la reforma busca evitar confusiones judiciales y que los derechos fundamentales, como la protección ante accidentes y la estabilidad, continúan vigentes.

El debate se intensifica en el puerto de Mar del Plata, donde los gremios advierten sobre el impacto de la reforma en un contexto de crisis laboral. Jorge de Filippi, de SAON, destacó que cerca del 20% de los 300.000 despidos recientes en el país corresponden al sector marítimo, y Oscar Bravo, de SOMU, alertó sobre la posible desaparición de los convenios colectivos y la vuelta a condiciones laborales de los años noventa.

Mientras el gobierno defiende la reforma como una medida de claridad legislativa, los sindicatos anticipan un aumento de la conflictividad y no descartan medidas de fuerza, incluyendo un paro total de actividades. El desenlace dependerá de la discusión parlamentaria y de la capacidad de diálogo entre las partes, en un escenario marcado por la incertidumbre y la tensión en el sector marítimo argentino.