El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, formalizó la apertura de un plan de retiros voluntarios para empleados públicos de planta permanente, en el marco de una reforma estatal que busca modernizar la administración y reducir la dotación de personal. El decreto 83, firmado por Macri junto al ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, y el jefe de Gabinete, Gabriel Sanchez Zinny, establece que podrán adherirse al régimen quienes tengan 45 años o más, cuenten con al menos cinco años de antigüedad y un año en calidad de planta permanente.

La compensación para quienes opten por el retiro será abonada en cuotas mensuales durante un plazo máximo de 48 meses, excluyendo conceptos como el aguinaldo. El plan, vigente hasta el 31 de mayo de 2026, excluye a empleados en áreas críticas, con sumarios disciplinarios o próximos a la jubilación. Además, quienes se acojan al retiro no podrán reingresar a la administración porteña por un período mínimo de cinco años.

Según fuentes oficiales, el objetivo es "ordenar el funcionamiento del Estado" y "optimizar la dotación" de trabajadores, orientando la búsqueda de nuevos perfiles hacia áreas tecnológicas. Esta medida se suma a la supresión de más de 10 mil contratos y cargos políticos, así como a la eliminación de áreas y direcciones en los últimos años, en línea con la tendencia nacional de reducción del gasto público y modernización administrativa.

El presupuesto 2026 de la Ciudad de Buenos Aires prioriza la automatización de procesos, la profesionalización del empleo público y la reducción de estructuras estatales. En este contexto, la presión de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña ha impulsado propuestas para recortar aún más la administración y privatizar empresas públicas.

Desde el gobierno porteño rechazan que se trate de una política de recorte masivo, como la denominada "motosierra" del presidente Javier Milei, y prefieren hablar de un "bisturí" que actúa sobre sectores puntuales para evitar un Estado "elefantiásico". Sin embargo, la medida genera cautela entre la oposición y sectores sindicales, que advierten sobre el posible impacto en el empleo público y la calidad de los servicios. El desarrollo de la reforma y sus consecuencias serán observados de cerca en los próximos meses, en un contexto de creciente debate sobre el tamaño y la eficiencia del Estado.