El Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó a la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF, que se desarrolla en la Corte del Segundo Distrito de Nueva York. En un escrito presentado ante la jueza Loretta Preska, el gobierno estadounidense solicitó que se rechacen las sanciones y penalidades económicas impulsadas por el fondo Burford Capital, principal demandante en la causa. El documento advierte que los procesos judiciales contra Estados soberanos pueden tener consecuencias diplomáticas y afectar la reciprocidad internacional, por lo que recomienda no aplicar medidas que excedan la Foreign Sovereign Immunities Act.

La causa, que lleva más de una década en los tribunales estadounidenses, condenó en primera instancia a la Argentina a pagar USD 16.100 millones, cifra que con intereses podría superar los USD 18.000 millones. El fallo fue apelado y actualmente está en manos de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito, cuyos jueces podrían emitir una resolución en cualquier momento. El gobierno argentino, representado por la Procuración del Tesoro, sostiene que la defensa técnica y el acompañamiento internacional refuerzan su posición, mientras que Burford Capital continúa promoviendo sanciones y embargos, incluyendo multas diarias y la entrega de información privada de funcionarios.

La jueza Preska rechazó recientemente el pedido argentino de suspender la etapa de discovery, permitiendo que los demandantes sigan buscando activos embargables. Argentina, por su parte, entregó más de 115.000 páginas de documentación, aunque los demandantes no lograron acreditar sus acusaciones según la defensa oficial. El gobierno de Javier Milei mantiene una postura firme y descarta cualquier negociación con Burford, apostando a una resolución favorable en la apelación.

El caso YPF es considerado el mayor juicio contra un Estado soberano en la historia de los tribunales estadounidenses y su desenlace podría tener profundas implicancias para la economía argentina y la relación bilateral con Estados Unidos. Analistas y funcionarios coinciden en que el fallo de la Cámara será determinante para el futuro del país y para la estrategia de defensa en otros litigios internacionales.