Abogados vinculados a organizaciones palestinas y de derechos humanos presentaron en los tribunales federales argentinos una solicitud para que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sea detenido en caso de visitar el país. El pedido, realizado por Rodolfo Yanzón y Raji Sourani, director del Centro Palestino por los Derechos Humanos, se fundamenta en la muerte de quince personas, entre ellas trabajadores humanitarios y paramédicos, durante ataques en Gaza.

El escrito, radicado en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, solicita que, ante la eventual llegada de Netanyahu, se ordene su inmediata detención para ponerlo a disposición de la Corte Penal Internacional (CPI) o, en su defecto, someterlo a proceso en territorio argentino. Los abogados argumentan que Netanyahu, como máxima autoridad política de Israel, debe responder por los hechos ocurridos, que incluyen el uso de la hambruna como arma de guerra y ataques a hospitales y periodistas. La relatora especial de la ONU sobre derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, calificó el ataque como parte de un genocidio.

El caso se suma a antecedentes previos en los que organizaciones como ATE, HIJOS y Abuelas de Plaza de Mayo han presentado denuncias similares y repudiado la posible visita de Netanyahu. En todos los casos anteriores, los fiscales recomendaron rechazar los pedidos tras consultar a la Cancillería e Interpol, quienes informaron la ausencia de alertas internacionales contra el mandatario israelí.

La Casa Rosada había anunciado la posible visita de Netanyahu en septiembre, pero la agenda fue reprogramada por cuestiones legales y diplomáticas. Recientemente, Netanyahu solicitó reunirse con el presidente Javier Milei en la próxima Asamblea General de la ONU en Nueva York. El juez Casanello deberá resolver la solicitud, aunque todo indica que, sin el impulso de los fiscales, el pedido será denegado.

El contexto internacional y la postura de Argentina como firmante del Estatuto de Roma permiten la intervención de la CPI, aunque la decisión final dependerá de la justicia local. El caso refleja la tensión entre la política internacional, los derechos humanos y la jurisdicción universal, en medio de un conflicto que sigue generando repercusiones globales.