El gobierno de Javier Milei superó una prueba crucial en la Cámara de Diputados al lograr sostener el veto presidencial al aumento de las jubilaciones y el bono, en una sesión marcada por intensas negociaciones y la influencia de gobernadores aliados. La votación nominal evidenció el peso de los acuerdos electorales entre La Libertad Avanza, la UCR y el PRO, que permitieron al oficialismo evitar el rechazo al veto, pese a la mayoría opositora en la Cámara baja.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, fue protagonista de la jornada al realizar llamados directos a legisladores provinciales, asegurando votos clave y generando abstenciones estratégicas que elevaron el umbral necesario para revertir el veto. "Ayer hice uso del teléfono y sacamos un empate", celebró Francos, reconociendo la importancia de la intervención política en el resultado final.

Los diputados mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri, aliados de Alfredo Cornejo, justificaron su respaldo al veto por motivos fiscales y auditorías sobre pensiones, argumentando que el aumento jubilatorio sería insostenible sin una reforma laboral y previsional. "Partimos de una caja previsional quebrada. Se necesitan cuatro trabajadores activos para afrontar el pago de una jubilación. Hoy esa relación es de uno y medio", explicó Verasay, subrayando la necesidad de cambios estructurales.

En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó la ley de coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que busca distribuir fondos de manera automática entre las provincias, reduciendo la discrecionalidad del Ejecutivo nacional. Sin embargo, la iniciativa no alcanzó los dos tercios necesarios para blindarla ante un eventual veto presidencial, lo que anticipa nuevas negociaciones y posibles conflictos en el futuro inmediato.

La sesión también estuvo marcada por denuncias de presiones de gobernadores sobre diputados y críticas de la oposición a la falta de transparencia en el proceso. Mientras tanto, los gobernadores que cerraron alianzas con Milei reafirmaron su apoyo al Gobierno, motivados por necesidades de financiamiento y la expectativa de reformas económicas que beneficien a sus provincias.

El contexto político se complejiza con la creación del bloque "Provincias Unidas", que busca mayor autonomía legislativa y representa un intento de los mandatarios provinciales por consolidar su influencia en el Congreso. De cara a las elecciones de octubre, las alianzas entre Milei y los gobernadores serán determinantes para el futuro de las reformas y la distribución de fondos nacionales.

El desenlace de la jornada legislativa refleja la persistente disputa entre Nación y provincias por el control de los recursos y la orientación de las políticas públicas, en un escenario marcado por la polarización y la búsqueda de consensos que permitan avanzar en reformas estructurales.