El Gobierno argentino anunció el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida, confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa, se enmarca en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, recientemente aprobada por el Congreso.

El proceso contempla la venta del 44% de las acciones de NASA mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado nacional conservará el 51% del capital accionario, asegurando así el control de la empresa. Además, se implementará un programa de propiedad participada que permitirá a los trabajadores acceder hasta al 5% del capital social.

NASA, actualmente bajo la órbita del Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Energía Atómica y Energía Argentina (ENARSA), opera las tres centrales nucleares que generan cerca del 7% de la energía eléctrica consumida en el país. En el primer trimestre de 2025, la empresa registró un resultado financiero positivo de más de 17.000 millones de pesos y proyecta inversiones estratégicas por 239.000 millones de pesos, incluyendo la extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I y el almacenamiento en seco de combustibles gastados.

El Gobierno justificó la decisión como parte de una política de transformación de empresas públicas, orientada a promover la inversión privada, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de operaciones de manera eficiente y competitiva. "La idea es promover la inversión privada para construir el primer reactor modular argentino e impulsar la minería de uranio", señaló Adorni.

La privatización de NASA marca un cambio en el modelo de financiamiento, ya que en 2024 la empresa no recibió transferencias estatales, a diferencia de años anteriores. Si bien el Gobierno sostiene que la medida potenciará el crecimiento y eficiencia de NASA, trabajadores del sector han manifestado preocupación por el futuro de la empresa y el control estatal sobre un área estratégica.

La decisión se inscribe en el contexto de la Ley Bases, que habilita la privatización de varias empresas estatales, y en el marco de una política energética que busca asegurar fondos para proyectos futuros y mantener el liderazgo argentino en el sector nuclear. El impacto de la medida será seguido de cerca por distintos actores políticos y sociales, atentos a las implicaciones para la soberanía energética y el desarrollo tecnológico nacional.