El Senado argentino se prepara para una sesión clave en la que la oposición buscará rechazar el veto presidencial de Javier Milei a la ley que establece el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. Esta iniciativa, impulsada por los 24 gobernadores y la Ciudad de Buenos Aires, fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras, pero el Ejecutivo la vetó argumentando que los ATN deben ser fondos discrecionales para situaciones de emergencia y no parte de la masa coparticipable.

La sesión, prevista para este jueves, requerirá que la oposición reúna una mayoría agravada de dos tercios en dos votaciones: primero para habilitar el tratamiento sobre tablas y luego para insistir en la ley y girarla a la Cámara de Diputados. En la votación original, el Senado aprobó la ley con 56 votos a favor y solo uno en contra, mientras que en Diputados la propuesta recibió 143 votos afirmativos, 90 negativos y 12 abstenciones, evidenciando fracturas en los bloques provinciales.

En paralelo, el Gobierno intentó recomponer relaciones con los gobernadores tras una serie de derrotas electorales y legislativas. La Casa Rosada transfirió $12.500 millones en ATN a Santa Fe, Misiones, Entre Ríos y Chaco, buscando influir en la postura de los diputados aliados. Sin embargo, el gesto no logró disipar las desconfianzas, y algunos gobernadores, como Alfredo Cornejo de Mendoza, manifestaron su malestar por no haber sido incluidos en el reparto de fondos, a pesar de su alianza con el oficialismo.

El debate sobre los ATN se da en un contexto de alta tensión política, donde la oposición busca consolidar mayorías para insistir con la ley y el oficialismo confía en sostener el veto en Diputados. Además, el temario del Senado incluye otros proyectos de perfil social, como la "Ley Nicolás" para combatir la mala praxis médica y la "Ley Sofía" para la búsqueda de personas desaparecidas.

La pulseada por los ATN refleja la disputa por el control de los recursos y la gobernabilidad, en un escenario marcado por la fragmentación política y la necesidad de acuerdos entre el Ejecutivo y las provincias. El resultado de la sesión podría marcar un precedente en la relación entre el Gobierno nacional y los distritos, con implicancias para futuras negociaciones y la distribución de fondos públicos.