El Gobierno nacional implementó desde enero de 2026 un aumento parcial en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, postergando el traslado total de los incrementos hasta febrero. La medida, oficializada mediante el Decreto 929/2025, busca evitar un impacto inflacionario mayor en un contexto económico aún frágil.

Según lo dispuesto, el impuesto a la nafta aumentó $17,291 por litro y el impuesto al dióxido de carbono $1,059 por litro. Para el gasoil, el incremento es de $14,390 por litro en el gravamen general, $7,792 para la alícuota diferencial en la Patagonia y $1,640 por litro por el gravamen al CO2. En La Plata, los precios en las estaciones de servicio reflejan estos aumentos: la nafta súper se vende a $1.594 y la premium a $1.812 en YPF, mientras que en Shell la súper cuesta $1.699 y la premium $1.977.

El Gobierno justificó la medida señalando que "resulta necesario dosificar el impacto para no afectar el consumo, la logística y los costos de producción, en un momento en que la economía aún busca consolidar la estabilidad". Desde 2018, los impuestos a los combustibles se actualizan trimestralmente según la inflación, pero su aplicación ha sido diferida en varias ocasiones para contener el impacto en los precios al público.

El régimen patagónico mantiene un tratamiento diferencial, con menores cargas impositivas para compensar los mayores costos logísticos y climáticos de la región. Esta política, según el Ejecutivo, busca apoyar a las provincias que enfrentan desafíos adicionales en la distribución de combustibles.

Empresas del sector energético y analistas económicos observan con atención el impacto de la medida. El traslado total de los impuestos, previsto para febrero, podría influir en la inflación y en el consumo durante el primer trimestre del año. La decisión del Gobierno refleja el intento de equilibrar la necesidad de ingresos fiscales con la protección del poder adquisitivo y la estabilidad macroeconómica.