El Gobierno nacional promulgó este viernes la Ley de Presupuesto 2026, tras su sanción definitiva en el Congreso el pasado 26 de diciembre. La norma, aprobada por 46 votos a favor y 25 en contra en el Senado, establece un resultado financiero superavitario de $226.469 millones, en contraste con los déficits de ejercicios anteriores. El Presupuesto prevé gastos totales por $148 billones, de los cuales $106,5 billones se destinarán a servicios sociales, consolidando así el foco en áreas sensibles como salud, educación y asistencia social.

La aprobación fue posible gracias al respaldo de bloques aliados al oficialismo, como el PRO y sectores dialoguistas, mientras que el kirchnerismo y parte del radicalismo se opusieron, argumentando que el ajuste impactará negativamente en la educación y la infraestructura. Entre las asignaciones específicas, se destacan $4,78 billones para universidades nacionales, $11.290 millones para el Fondo Nacional de Empleo y $15.843 millones para el Fondo de Bosques Nativos. Además, se establecen restricciones para cubrir vacantes en la administración pública, salvo en áreas críticas como Salud, Seguridad y Defensa.

El Presupuesto 2026 también excluyó varios reclamos de las provincias, como la deuda previsional de Santa Fe y la coparticipación federal reclamada por la Ciudad de Buenos Aires, lo que generó críticas de gobernadores y funcionarios locales. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, lamentó la falta de fondos para infraestructura vial y cajas previsionales, mientras que desde la administración porteña se cuestionó la ausencia de un capítulo específico para la coparticipación.

En paralelo, el Gobierno promulgó la Ley de Inocencia Fiscal, que actualiza los montos para considerar evasión y modifica el régimen penal tributario, introduciendo un régimen simplificado de ganancias para pequeños contribuyentes.

La sanción del Presupuesto representa una victoria política para el Gobierno de Javier Milei, que busca consolidar la gobernabilidad y la previsibilidad económica tras años de prórrogas presupuestarias. Sin embargo, la exclusión de demandas provinciales y los ajustes en áreas sensibles anticipan un escenario de negociaciones y tensiones en los próximos meses.