El Gobierno nacional oficializó la suspensión de nuevas contrataciones y designaciones de personal en la administración pública nacional, en una medida que busca racionalizar el gasto y controlar la plantilla estatal. La decisión, publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 934/2025, afecta a organismos y entidades bajo la órbita estatal, aunque establece excepciones para sectores considerados estratégicos.

Según el texto oficial, las jurisdicciones y entidades del sector público nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza, lo que implica la anulación de futuras incorporaciones a plantas transitorias y contrataciones temporales, ya sean por tiempo indeterminado, a plazo fijo, parcial o eventual. También se verán afectados los contratos de servicios profesionales, las designaciones transitorias en planta permanente y la empleabilidad bajo cualquier modalidad.

No obstante, la normativa exceptúa a sectores vinculados a la educación universitaria, el Servicio Penitenciario Federal, las Fuerzas Armadas y de Seguridad —excluyendo a su planta civil—, así como al personal profesional de hospitales, centros asistenciales e institutos de investigación. También quedan fuera del alcance las contrataciones específicas de artistas y profesionales en la órbita de la Secretaría de Cultura, siempre que correspondan a prestaciones intelectuales o suplencias en cuerpos artísticos estables.

El decreto incorpora un mecanismo de reemplazo controlado: cada dependencia podrá realizar una incorporación por cada dos bajas que se produzcan, siempre que no se trate de retiros voluntarios ni acuerdos de salida. Para ello, será necesaria la autorización de la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público, que evaluará cada pedido. En casos excepcionales, se podrá autorizar la incorporación de dos empleados en reemplazo de uno, si se acredita una necesidad estratégica y se ha completado un proceso de racionalización de personal.

La medida también prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia de la Decisión Administrativa N° 28, que limita las contrataciones estatales desde febrero de 2024. Además, se mantiene la prioridad de cumplimiento del cupo de discapacidad, garantizando la cobertura de cargos destinados a personas con discapacidad.

El Gobierno argumenta que la suspensión de contrataciones es fundamental para la eficiencia y sostenibilidad fiscal, en el marco de un proceso más amplio de reestructuración estatal. Mientras tanto, sectores exceptuados valoran la continuidad de sus funciones, aunque persisten interrogantes sobre el impacto de la medida en la gestión pública y la prestación de servicios esenciales.