SECTOR PÚBLICO NACIONAL
- El Gobierno nacional prorroga restricciones a nuevas contrataciones en el sector público para 2026. - Se mantienen excepciones para áreas estratégicas y servicios esenciales. - Medida busca eficiencia y control del gasto público. #Argentina 🇦🇷
El Gobierno nacional oficializó la prórroga de las restricciones a las designaciones y contrataciones de personal en el sector público para el ejercicio 2026, según lo dispuesto en un decreto publicado en el Boletín Oficial. La medida, que entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2026, busca mantener la eficiencia, eficacia y calidad del Estado, así como garantizar el equilibrio fiscal.
De acuerdo con el texto oficial, las jurisdicciones y entidades del sector público nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza, salvo en casos expresamente exceptuados. Entre las excepciones se encuentran las universidades, el sistema de salud, las fuerzas de seguridad, la cultura y cargos de gabinete, así como situaciones estratégicas debidamente justificadas.
El decreto establece que solo se podrá cubrir una vacante por cada dos bajas de personal, excluyendo aquellas originadas en retiros voluntarios o acuerdos de partes. Además, las empresas estatales y fondos fiduciarios con participación mayoritaria del Estado deberán adoptar medidas similares para limitar el ingreso de personal.
La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, junto con la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía, participaron en la elaboración de la norma, que deroga el decreto 1148/24 y da continuidad a la política de control del gasto público iniciada en 2024. "El objetivo es propender al mantenimiento de una planta de personal que se adecúe razonablemente a las estructuras y demandas del sector público nacional", señala el decreto.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro Diego Santilli, y se enmarca en el proceso de transformación y modernización del Estado impulsado por el actual gobierno. Se prevé que la decisión genere repercusiones en los distintos sectores de la administración pública y abra el debate sobre su impacto en la prestación de servicios estatales y la gestión de recursos humanos.
