Una mujer residente en Los Ángeles, Estados Unidos, fue imputada por la justicia federal de Rosario como presunta autora del delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre. La acusación sostiene que la imputada explotó a la cuidadora de su madre durante 22 años en una vivienda del barrio Martin, en Rosario. La víctima, captada en 2003 cuando tenía 14 años y vivía en Corrientes, fue trasladada bajo la promesa de recibir educación y una mejor calidad de vida, promesa que nunca se cumplió.

Según la investigación, la joven fue sometida a realizar tareas domésticas sin remuneración, vacaciones ni aportes previsionales, y vivió aislada, sin acceso a salud ni vínculos sociales fuera del domicilio. Desde 2022, la hija de la dueña de la casa, radicada en Estados Unidos, habría continuado la explotación a distancia, instalando 16 cámaras de seguridad y entregando un celular a la víctima para impartir instrucciones.

El caso salió a la luz el 2 de octubre de 2025, cuando la Policía Federal allanó la vivienda y rescató a la víctima, hoy de 37 años. La audiencia de imputación se realizó por videoconferencia, con la participación de la acusada y su defensor, quien cuestionó la solidez de la acusación y solicitó el sobreseimiento, pedido que fue rechazado por el juez. La fiscalía, por su parte, subrayó la gravedad de los hechos y la continuidad de la explotación, aunque reconoció que no puede atribuirle a la imputada la totalidad de los 22 años de servidumbre, sino el período en que asumió el control de la casa.

El juez de Garantías Román Lanzón impuso medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, como la obligación de fijar domicilio, firmar mensualmente en el consulado argentino más cercano y la prohibición de contacto con la víctima. La madre de la imputada también es investigada, aunque su situación procesal depende de una pericia médica. El caso pone en evidencia la persistencia de la trata y explotación laboral en contextos de vulnerabilidad social y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección de las víctimas.