La Justicia Federal de Salta ordenó la exclusión inmediata de 2.150 personas del padrón electoral de la localidad fronteriza de Aguas Blancas, tras detectar que no pudieron acreditar una residencia real en Argentina. La decisión, firmada por el juez federal Julio Bavio, responde a una investigación que reveló un desfase significativo entre la cantidad de habitantes censados y el número de electores habilitados en el municipio. Según datos oficiales, mientras el censo de 2022 registró 3.648 habitantes, el padrón electoral incluía a 5.736 personas, lo que generó sospechas de empadronamientos irregulares.

La investigación, iniciada en 2023 tras denuncias de dirigentes políticos y autoridades de frontera, incluyó relevamientos a campo, uso de drones y verificación de domicilios por parte de la policía y personal de seguridad. Se detectaron patrones anómalos en calles como 20 de Febrero, 25 de Mayo y 9 de Julio, donde cientos de electores figuraban en domicilios inexistentes, espacios verdes, galpones o predios baldíos. El fiscal federal Ricardo Toranzos aportó pruebas de que muchos de los registrados no residían en la localidad y que varios domicilios carecían de numeración o correspondían a direcciones genéricas.

El juez Bavio dispuso que las personas excluidas podrán reclamar su reincorporación al padrón si demuestran fehacientemente su residencia en Aguas Blancas, mediante documentación comprobante. Además, se notificó a organismos como la ANSeS, la Dirección Nacional de Migraciones y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para prevenir fraudes y delitos asociados. La medida se enmarca en un proceso de intervención administrativa iniciado en 2024 para sanear el padrón y formalizar la numeración de viviendas en la localidad.

El caso de Aguas Blancas pone en evidencia los riesgos de manipulación electoral y acceso indebido a beneficios sociales mediante inscripciones irregulares, un fenómeno que afecta a otras localidades fronterizas de Salta. El juez Bavio advirtió sobre el peligro de que el crimen organizado aproveche estas deficiencias para influir en la zona y captar autoridades locales. La exclusión de los votantes irregulares busca sentar un precedente y fortalecer la transparencia en los procesos electorales de la región.