Una niña de 12 años perteneciente a la comunidad wichí de Salta permanece bajo estrictos controles médicos tras quedar embarazada como resultado de un abuso sexual. El caso, que ha conmocionado a la opinión pública, se desarrolla en medio de un proceso judicial que busca esclarecer los hechos y garantizar la protección integral de la menor.

El embarazo fue detectado en octubre durante un operativo sanitario en un centro de salud cercano a Tartagal. Desde entonces, la niña ha recibido atención interdisciplinaria y controles médicos frecuentes en el Hospital Juan Domingo Perón, donde se le diagnosticó un embarazo de alto riesgo y un cuadro de anemia, por lo que recibe suplementación y seguimiento constante. "Nuestra responsabilidad ahora es cuidarla, acompañarla y evitar cualquier complicación", afirmó Patricia Leal, directora de Materno Infancia del Ministerio de Salud provincial.

La menor, acompañada por su familia y referentes comunitarios, manifestó su deseo de continuar con el embarazo. Un episodio de protesta se produjo cuando la niña se encadenó en la Ciudad Judicial de Tartagal, al interpretar erróneamente que la citación judicial buscaba obligarla a interrumpir la gestación. Tras la intervención de psicólogos y asistentes judiciales, la menor prestó declaración mediante un sistema de Circuito Cerrado de Televisión, garantizando su privacidad y protección.

En paralelo, la Justicia provincial avanza en la investigación del abuso sexual, con la intervención de la Fiscalía Penal de Violencia de Género de Tartagal. El presunto autor, un joven de 19 años, fue identificado y se ordenó su detención, aunque permanece prófugo. "Una niña no puede dar consentimiento para mantener relaciones sexuales, pero la ley tampoco obliga a nadie a interrumpir el embarazo en contra de su voluntad", explicó Paula Tackzek, directora de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de Tartagal.

El caso ha reavivado el debate sobre los derechos reproductivos, la protección de menores y las implicancias legales y éticas en situaciones de abuso. Las autoridades aseguran que la prioridad es el bienestar físico y emocional de la niña, mientras continúa el proceso judicial y el seguimiento sanitario.