La reciente decisión de la Municipalidad de Rosario de eliminar la exigencia de presentar aportes previsionales a la Caja de Ingenieros y Arquitectos como requisito para tramitar permisos y finales de obra ha desatado una fuerte controversia en el sector de la construcción y entre los profesionales involucrados. La medida, que fue replicada por la comuna de Ibarlucea, busca facilitar y abaratar los trámites para la realización de obras privadas, según argumentan las autoridades municipales y los empresarios del sector.

Sin embargo, la Caja de Ingenieros y Arquitectos, que financia el 50% de su sistema previsional y asistencial con estos aportes, considera que la decisión pone en riesgo la sustentabilidad de la entidad. "Creemos que estuvieron mal asesorados. Quisieron ir contra los Colegios Profesionales y se equivocaron en involucrar a la Caja", afirmó Germán Picarelli, presidente de la entidad, quien anticipó que presentarán un reclamo administrativo y, de no obtener respuesta favorable, recurrirán a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad del decreto.

El municipio, por su parte, sostiene que la exigencia de aportes previsionales es una cuestión que debe resolverse entre la Caja y los profesionales, y no una obligación de la administración pública. Esta postura ha sido respaldada por la Cámara de la Construcción, la Asociación de Empresarios de la Vivienda y la Cámara de Urbanizadores, quienes consideran que la medida permitirá dinamizar el sector en un contexto de crisis económica y caída del consumo.

El conflicto se produce en un momento de alta sensibilidad para el sector, con empresas y comercios enfrentando una fuerte baja en las ventas y cambios en los patrones de consumo. La Caja, que cuenta con 20.000 profesionales, 2.000 jubilados y 9.000 afiliados a la obra social, advierte que la medida podría generar evasión y retrasos en los pagos, afectando a miles de beneficiarios.

Mientras tanto, el debate se ha politizado, con acusaciones cruzadas sobre las verdaderas motivaciones del decreto y la posibilidad de que se trate de una vendetta política contra los colegios profesionales. Se espera que en los próximos días haya definiciones, ya sea a través de una resolución judicial o una revisión del decreto por parte de la Municipalidad, en un contexto donde la sustentabilidad del sistema previsional y la agilidad de los trámites administrativos están en juego.