Un trágico episodio de violencia familiar conmocionó a la localidad bonaerense de Coronel Suárez en la madrugada del martes. Gustavo Suárez, de 48 años, asesinó a su hijo Francisco, de apenas 4 años, y luego se quitó la vida dentro de un camión estacionado cerca del acceso a Huanguelén, sobre la ruta provincial 60. El hecho fue precedido por una serie de advertencias y pedidos de protección realizados por la madre del menor, Daiana García, sargento de la Policía local, que no fueron atendidos por la Justicia.

Según fuentes judiciales y policiales, la madre había presentado al menos dos denuncias formales ante el Juzgado de Paz de Coronel Suárez y el Juzgado de Garantías de Bahía Blanca, solicitando medidas de restricción para proteger a su hijo del comportamiento hostil e intimidatorio de Suárez. Sin embargo, ambos pedidos fueron rechazados por considerar que no existían pruebas suficientes de un riesgo extremo. Los jueces priorizaron la preservación del vínculo paterno-filial y derivaron el caso a servicios sociales, limitándose a ordenar el cese de actos de perturbación.

La tragedia se desencadenó cuando Suárez llamó a su expareja para anunciarle su plan y dejó una carta en la que responsabilizaba a la madre por la situación. García alertó de inmediato a la policía, pero cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Suárez muerto y al niño gravemente herido, quien falleció poco después en el hospital. La investigación, a cargo de la UFI N°5 de Bahía Blanca, fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio.

El caso ha generado una fuerte conmoción y críticas hacia el sistema judicial, que exigió un alto estándar probatorio para dictar medidas preventivas, minimizando las percepciones de riesgo de la madre. Especialistas como el psiquiatra Enrique De Rosa han señalado que el crimen fue premeditado y motivado por venganza, y no por una enfermedad mental. La muerte de Francisco reabre el debate sobre la necesidad de revisar los criterios de valoración del riesgo en la Justicia de familia y la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección para menores en situaciones de violencia familiar.