La conmoción generada por el suicidio de Ema Bondaruk, una adolescente de Longchamps, Buenos Aires, tras la viralización de un video íntimo sin su consentimiento, ha impulsado la presentación de la Ley Ema en el Congreso de la Nación. El proyecto, encabezado por la diputada Mónica Macha y apoyado por activistas y familiares, propone un Programa Nacional de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, con el objetivo de brindar herramientas concretas a docentes, estudiantes y familias para enfrentar esta problemática.

El caso de Ema, ocurrido el 18 de agosto de 2024, evidenció la falta de recursos y protocolos en las escuelas para abordar situaciones de violencia digital. Según relataron sus familiares, la adolescente intentó detener la difusión del video, pero la viralización continuó, sumiéndola en una profunda angustia. "Nadie supo cómo ayudarle, nadie tenía las herramientas necesarias para abordarla en el peor momento de su vida", expresó Laura Sánchez, madre de Ema, durante la presentación de la ley.

La jornada en el Congreso contó con la participación de referentes en la temática, como la activista mexicana Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia en México y Argentina, y representantes de organizaciones como Gentic, Faro Digital y Fundación Encuentro. Además, se presentó la "Guía Ema", un material diseñado para orientar a las escuelas en la prevención y abordaje de casos de violencia digital, incluyendo acciones de sensibilización, medidas reparadoras, sanciones institucionales y estrategias de capacitación para toda la comunidad educativa.

El proyecto de ley se articula con normativas previas, como la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género en la legislación argentina, y la Ley Belén, que busca tipificar y sancionar delitos como la difusión no consentida de material íntimo y la sextorsión. "La prevención es una responsabilidad colectiva", afirmó Laura Sánchez, quien espera que la tragedia de su hija impulse un cambio profundo en la sociedad y en los entornos educativos.

La iniciativa ha recibido amplio respaldo social y político, y se presenta como un paso crucial para construir espacios escolares más seguros y conscientes, donde ninguna víctima de violencia digital vuelva a quedar sola o desprotegida. El debate sobre la Ley Ema y la implementación de la guía continuará en los próximos meses, con el objetivo de transformar el dolor en acción y prevención.